Reforma jubilatoria: Milei propone elevar la edad de retiro a 70 años para ambos géneros
El presidente Javier Milei se comprometió ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) a impulsar una profunda reforma previsional, con el objetivo de reforzar el ajuste fiscal del programa económico acordado con el organismo.
El plan contempla aumentar la edad jubilatoria hasta los 70 años para hombres y mujeres, una de las más altas del mundo, y abrir la puerta a un esquema de capitalización privada similar al de las antiguas AFJP.
Según fuentes oficiales, la discusión legislativa podría iniciarse en el Congreso una vez concluido el calendario electoral, dando cumplimiento a los compromisos asumidos en el mega préstamo recibido en abril.
Un modelo basado en organismos internacionales
El proyecto —que ya circula en ámbitos judiciales y técnicos— toma como referencia documentos elaborados por el FMI, el Banco Mundial, la OCDE, la OIT y la Fundación Mediterránea (IERAL).
El propio Osvaldo Giordano, expresidente de la ANSES y actual titular de IERAL, había anticipado que el nuevo esquema podría incluir un sistema de “cuentas nocionales”, en el que los aportes individuales se registran como si fuesen cuentas de capitalización, y el acceso al beneficio se inicie desde los 65 años con una prestación básica similar a la PUAM, más un monto proporcional según los años aportados.
Suba progresiva de la edad jubilatoria
De aprobarse la reforma, la edad de retiro se elevaría de 60 a 70 años para las mujeres y de 65 a 70 para los varones, con una implementación escalonada entre 2027 y 2030.
De este modo, Argentina alcanzaría una edad de retiro diez años antes que Dinamarca —país que prevé llegar a los 70 años recién en 2040—, lo que la convertiría en una de las más elevadas del planeta.
Menor cobertura y posible avance privado
La reforma también modificaría la tasa de sustitución, es decir, el porcentaje del último salario que el jubilado recibe como haber.
Actualmente, el sistema argentino otorga una tasa de entre 65% y 95% del sueldo según el nivel de ingresos. Sin embargo, el nuevo esquema reduciría drásticamente esos porcentajes, incluso por debajo del 20% en algunos casos, acercando la jubilación mínima al valor de la PUAM.
Especialistas advierten que esta reestructuración debilitaría el régimen público solidario, generando incentivos para que los sectores de mayores ingresos migren hacia fondos privados administrados por bancos, replicando el modelo de las AFJP que rigió en los años 90.
El “derecho a trabajar más” como chantaje laboral
El discurso libertario presenta la extensión etaria como un derecho voluntario del trabajador, pero detrás de esa narrativa se esconde un vil chantaje económico.
Si hoy la tasa de sustitución promedio de las jubilaciones ronda el 50% del salario en actividad, la decisión de seguir trabajando no es una elección, sino una cuestión de supervivencia.
Más aún, la prestación complementaria por cada año adicional de servicio solo suma 1,5% del promedio salarial de los últimos 10 años. En otras palabras, prolongar cinco años la vida laboral apenas garantiza un 7,5% más en el cálculo del haber jubilatorio.
Además, quienes opten por continuar trabajando después de alcanzar la edad jubilatoria liberarían a sus empleadores de pagar contribuciones patronales, abaratando la mano de obra y generando un incentivo perverso para reemplazar a jóvenes por mayores que no generan cargas sociales.
La pensión por viudez en el ojo del proyecto mileísta
Otro punto sensible es la pensión por viudez. A diferencia de los beneficios por vejez o invalidez, las pensiones por fallecimiento protegen a los familiares del trabajador.
Sin embargo, los redactores del proyecto sostienen que la mayor inserción laboral de las mujeres resta justificación a las pensiones vitalicias para viudos o viudas jóvenes, que “podrían continuar su vida laboral”.
Así, una de las alternativas en estudio sería reemplazar las pensiones vitalicias por un beneficio temporal, con cobertura limitada en el tiempo, bajo el argumento de “adecuar la protección a las restricciones presupuestarias del Estado”.
En este esquema, si el fallecido no tenía aportes registrados, el beneficio sería apenas el 70% de la prestación básica y solo para quienes no perciban otra jubilación o pensión.
El resultado: una drástica reducción del gasto previsional a costa de la seguridad social de miles de familias.
Desde el 10 de diciembre, La Libertad Avanza buscará avanzar en el Congreso con esta reforma estructural, apuntando a reducir una de las principales partidas sociales del Estado y cumplir el viejo anhelo de los sectores financieros: la privatización del sistema previsional argentino.
