Reforma en salud mental: el Gobierno define cambios clave
El Gobierno nacional se prepara para enviar al Congreso de la Nación Argentina un proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental, con modificaciones en aspectos clave como las internaciones, el rol de los hospitales y los mecanismos de control del sistema.
La iniciativa, elaborada por el Ministerio de Salud, no plantea derogar la Ley 26.657 sino introducir cambios en puntos considerados críticos. El anuncio fue anticipado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aunque aún se encuentra en revisión antes de su ingreso formal a la Cámara de Diputados.
Uno de los ejes principales es la modificación del régimen de internaciones. El proyecto mantiene el criterio de excepcionalidad, pero habilita que un psiquiatra pueda indicar una internación involuntaria en situaciones de urgencia, que deberá ser validada por un equipo interdisciplinario dentro de las 24 horas y comunicada a la Justicia en un plazo de hasta 10 horas.
En cuanto al sistema de control, se propone reemplazar el actual Órgano de Revisión por un esquema con mayor participación del Estado, incorporando áreas técnicas como la Dirección Nacional de Salud Mental y la SEDronar, con el objetivo de mejorar el seguimiento de los tratamientos.
Otro punto relevante es la revisión del modelo de atención. El Gobierno plantea sostener los hospitales especializados dentro de una red articulada, cuestionando el cierre progresivo de instituciones psiquiátricas cuando no existen condiciones adecuadas en hospitales generales.
Además, el proyecto introduce un cambio conceptual al reemplazar la expresión “padecimiento mental” por “trastornos mentales o del comportamiento”, en línea con criterios internacionales que buscan mayor precisión diagnóstica.
La iniciativa también apunta a reducir las desigualdades en el acceso a la atención, ya que la implementación de la ley vigente es dispar entre provincias y existen marcadas diferencias en la disponibilidad de servicios.
En el plano político, el oficialismo confía en reunir los apoyos necesarios para avanzar en el Congreso, aunque el debate ya genera cuestionamientos. Especialistas advierten que los problemas del sistema no responden únicamente a la ley, sino también a la falta de presupuesto, recursos humanos y una implementación deficiente, factores que afectan la respuesta ante situaciones críticas.
El proyecto abre así una discusión de fondo sobre el funcionamiento del sistema de salud mental en el país y el rol del Estado en su regulación y financiamiento.
