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Rechazo a proyectos K: gobernadores piden más recursos y menos gasto

En un cambio inesperado, diez gobernadores decidieron no respaldar dos iniciativas que generan preocupación al Gobierno.

Estos mandatarios, vinculados a la UCR y el PRO, anunciaron que sus legisladores no apoyarán el aumento de jubilaciones y la declaración de emergencia en discapacidad. Así, se distancian de la postura kirchnerista y buscan acercarse a la Nación.

Los gobernadores de diversas fuerzas políticas firmaron un proyecto para redistribuir el Impuesto a los Combustibles.

En este contexto, diez gobernadores aliados a la Casa Rosada y ex Juntos por el Cambio se diferencian de los peronistas y acordaron que sus legisladores solo apoyarán iniciativas que aumenten los recursos a las provincias, consensuadas entre los jefes provinciales. Rechazan así las propuestas del kirchnerismo, que incluye el aumento de jubilaciones y la emergencia en discapacidad, considerándolas una «bomba fiscal».

Los mandatarios provinciales enfatizan la necesidad de que el Gobierno cumpla con las leyes y envíe los recursos que les corresponden. Advierten: «No queremos romper todo, pero tampoco que nos sigan despojando de recursos».

La sesión de hoy en el Senado determinará si se trata de una pelea mayor o de una simple disputita entre Nación y las provincias. El kirchnerismo, el peronismo federal y ciertos radicales buscan avanzar con las leyes de aumento jubilatorio y la emergencia en discapacidad, mientras que los gobernadores promueven proyectos para que el Gobierno distribuya el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Por su parte, Javier Milei se niega a negociar y ha atacado verbalmente a los legisladores, advirtiendo que la aprobación de estas leyes podría perjudicar el equilibrio fiscal, incrementar la inflación y el riesgo país, amenazando incluso con vetarlas o llevarlas a la justicia.

Para entender la situación que se desarrollará a partir de hoy, es importante considerar que Unión por la Patria liderará la ofensiva y se comprometió a conseguir el quórum necesario junto con votos del PRO y algunos radicales. Así se presenta como la oposición más sólida en un año electoral. Solo una vez conseguido el quórum, los senadores vinculados a los gobernadores ingresarán al recinto.

El endurecimiento del Gobierno frente al reclamo de fondos es la misma estrategia que utilizó para intentar negociar listas con los mandatarios provinciales; parece preferir la rendición a la negociación.

Si hoy los gobernadores logran alinear a sus senadores y aprobar sus proyectos, aún faltaría que Diputados los respalde. La incógnita es si el Gobierno aprovechará ese periodo para acercarse a los gobernadores aliados.

Milei tiene la potestad de vetar las leyes aprobadas y cada cámara del Congreso puede insistir con esos proyectos. El éxito de Milei dependerá de reunir a los 85 legisladores que respalden su veto.

Sin embargo, en este enfrentamiento, el Congreso lleva la delantera, ya que puede insistir en la sanción de la ley, la cual, de ser aprobada, deberá ser promulgada por el Ejecutivo, que no podrá judicializarla, a pesar de las creencias de Milei. La Constitución Nacional establece claramente el proceso de sanción y promulgación de leyes, sin contemplar la intervención judicial.

Por ahora, el sector más radical y reacio del Gobierno está ganando terreno en comparación con una postura más negociadora.

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