Rechazan el pedido de Tapia y deberá declarar este jueves
La Justicia rechazó el planteo presentado por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino y ratificó el llamado a indagatoria en la causa que investiga la presunta retención indebida de aportes a la seguridad social por más de $19.000 millones.
El pedido había sido elevado por los abogados de Tapia ante la Cámara, donde argumentaron que no existió delito y que la deuda reclamada ya fue cancelada. Sin embargo, el juez Diego Amarante desestimó el planteo y mantuvo la convocatoria para que el dirigente declare como imputado este jueves 5 de marzo.
Cómo se originó la causa
La investigación comenzó tras una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que acusó a Tapia y a otros directivos —entre ellos el tesorero Pablo Toviggino— de una supuesta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social correspondientes al período marzo de 2024 a septiembre de 2025.
Según el organismo, las retenciones de IVA, Ganancias y contribuciones previsionales no habrían sido depositadas dentro del plazo legal de 30 días. El monto investigado supera los $19.300 millones.
Restricciones y viaje autorizado
En el marco de la causa, el juez dispuso la prohibición de salida del país para los imputados. No obstante, Tapia solicitó autorización para viajar a Brasil y Colombia por compromisos vinculados al fútbol sudamericano. Amarante autorizó el viaje bajo una caución real de cinco millones de pesos para suspender de manera temporal la restricción.
Las pruebas bajo análisis
Entre los elementos incorporados al expediente figuran informes bancarios sobre movimientos de fondos de la AFA, acreditaciones millonarias y la constitución de plazos fijos en pesos y dólares durante 2024 y 2025.
También declaró la gerente de Administración y Control de la entidad, quien detalló el circuito interno de confección y notificación de las declaraciones juradas y los pagos impositivos.
Mientras la defensa insiste en que no hubo delito y que las obligaciones fueron saldadas, la Justicia resolvió avanzar con la indagatoria para determinar la eventual responsabilidad penal de las autoridades involucradas.
