¿Pueden tus charlas con la IA terminar en un tribunal?
Lo que comenzó como una curiosidad tecnológica se ha transformado en una pieza clave para la toma de decisiones en directorios, estudios jurídicos y mesas financieras. Sin embargo, el uso intensivo de la Inteligencia Artificial (IA) ha despertado una pregunta inquietante en el mundo legal: ¿qué tan privadas son esas consultas y qué posibilidades hay de que terminen formando parte de una causa judicial?
El debate técnico-legal se centra en que la «esfera íntima» del usuario choca con la realidad de la infraestructura digital. Aunque un usuario borre un chat en su pantalla, la información persiste en servidores, copias de seguridad y registros técnicos. Ante una investigación, lo que importa no es la sensación de privacidad, sino la disponibilidad efectiva de esos datos para los peritos.
Los caminos de la prueba: del exterior al peritaje local Existen dos vías principales para que estas conversaciones lleguen a manos de un juez. La primera es el requerimiento a empresas como OpenAI. Al no tener domicilio legal en Argentina, estos pedidos deben cursarse mediante convenios de cooperación internacional, un proceso lento que suele reservarse para delitos de extrema gravedad.
La segunda vía, mucho más directa y frecuente, es el secuestro y peritaje de dispositivos. A través de una extracción forense de celulares o computadoras, los expertos pueden recuperar historiales, archivos temporales e incluso mensajes eliminados que aún no fueron sobrescritos. En este escenario, la conversación con la IA se incorpora al expediente sin necesidad de pedir permiso al exterior.
Valor probatorio y riesgos corporativos Desde lo estrictamente jurídico, estos chats no equivalen a una confesión (que requiere presencia de un abogado y autoridad judicial), pero funcionan como indicios poderosos. Un juez puede utilizarlos para conectar puntos y formar una convicción dentro de una causa. De hecho, ya existen antecedentes en Estados Unidos donde se determinó que estas consultas no gozan de la protección del secreto profesional.
Más allá de la sentencia, el riesgo es reputacional. Para empresas que cotizan en bolsa o sectores regulados, la filtración de una estrategia ensayada con una IA puede disparar crisis económicas y regulatorias antes de que el juez dicte sentencia. La recomendación de los expertos es clara: las organizaciones necesitan protocolos urgentes sobre qué información se «comparte» con la tecnología, entendiendo que, en el mundo digital, los límites de lo privado son cada vez más delgados.
