Protección, control y contradicciones: la CAB exigirá antecedentes penales

La Confederación Argentina de Básquet (CAB) aprobó una normativa que obligará a todas las personas que trabajen o colaboren en clubes afiliados a presentar el Certificado de Antecedentes Penales. La medida comenzará a regir el 1° de enero de 2026 y alcanza a entrenadores, preparadores físicos, médicos, árbitros, personal administrativo, de mantenimiento, seguridad y voluntarios, entre otros roles.

Según la CAB, el objetivo es “garantizar un entorno deportivo seguro y proteger la integridad de niñas, niños, adolescentes y demás participantes”. La resolución se sustenta en leyes nacionales de protección de menores y en lineamientos internacionales del COI y FIBA.

Cada club deberá verificar la autenticidad de los certificados, mantener un registro actualizado en el sistema GES y renovarlos cada dos años. La información será tratada bajo confidencialidad, de acuerdo a la Ley 25.326. Las instituciones que no cumplan podrán recibir sanciones que van desde apercibimientos hasta la suspensión o desafiliación.

El antecedente reciente que expuso el problema

La medida llega meses después del episodio ocurrido en el Club Náutico Sportivo Avellaneda de Rosario, donde jugadoras de El Talar denunciaron haber sido filmadas mientras se duchaban. El hecho provocó la suspensión de hecho del partido, aunque no mediante pedido formal a la organización.

Un fallo disciplinario que genera cuestionamientos

El Tribunal de Disciplina de la Asociación de Clubes (AdC) resolvió sancionar al Club El Talar con una multa de $1.000.000 por no presentarse al encuentro, además de penalizaciones al mánager y la capitana. El Tribunal argumentó que, pese a la gravedad de lo ocurrido, El Talar no solicitó oficialmente la postergación del partido ni presentó la denuncia ante la fiscalía en términos documentales.

El Club Náutico Sportivo Avellaneda, por su parte, tampoco respondió a las citaciones del Tribunal ni aportó información adicional.

En su resolución, el Tribunal reafirmó que “los partidos deben definirse en la cancha”, aunque “condenó enérgicamente” el episodio de filmación. Sin embargo, la decisión fue criticada por sectores del básquet femenino, que señalan una contradicción entre el fallo y el mensaje de protección que ahora busca instalar la CAB.

Entre la prevención y la desconfianza

La nueva reglamentación es presentada como un paso hacia entornos más seguros, pero también abre interrogantes:

• ¿Alcanza el control de antecedentes para prevenir situaciones de violencia o abuso?

• ¿Cómo se resguardará la privacidad de los involucrados?

• ¿Qué mecanismos de contención y acompañamiento se brindarán ante hechos ya consumados?

Mientras la CAB refuerza su discurso de “tolerancia cero”, el caso Náutico–El Talar revela que aún persisten tensiones entre los procedimientos formales, la responsabilidad institucional y la protección efectiva de las jugadoras.