Promulgan la ley de discapacidad pero exigen definir fondos antes de aplicarla
El Gobierno ha confirmado que promulgará la ley de discapacidad, aunque no la pondrá en práctica hasta que se aclare el financiamiento. Esta decisión fue anunciada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, después de que el Congreso rechazara el veto del presidente Javier Milei.
En una declaración, se expuso que el Ejecutivo nacional promulgará la ley de discapacidad, la cual fue ratificada por el Congreso tras el rechazo al veto presidencial. Sin embargo, se precisó que no se reglamentará hasta que se determine la fuente de los recursos necesarios para su implementación. La norma, impulsada por la oposición, recibió un amplio apoyo legislativo, incluyendo de sectores que anteriormente fueron aliados del oficialismo. Tanto en la aprobación inicial como en la insistencia que culminó con el rechazo al veto, la propuesta superó los dos tercios requeridos en ambas cámaras.
Francos explicó que el Poder Ejecutivo promulgará la ley, pero primero necesita emitir un decreto reglamentario para definir su aplicación, lo cual incluye diversos aspectos. Se buscará dialogar con el Presidente y el ministro del área, así como con las comisiones del Congreso. En su conversación con Clarín, subrayó que el tema principal es el financiamiento: «El Congreso debe establecer de dónde provienen los recursos al sancionar una ley. No se me puede culpar a mí de cómo reajustar partidas. Que me digan si a los jubilados les restamos fondos para transferirlos a discapacidad».
De acuerdo con estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la aplicación de la ley podría resultar en entre 493 mil y 946 mil nuevas pensiones por discapacidad, lo que representaría un impacto fiscal de entre $1,88 billones y $3,62 billones, equivalente al 0,22% y 0,42% del PBI. Además, se estima que será necesario destinar $278.323 millones para la compensación de emergencia a prestadores y $7.160 millones para talleres de producción.
La aprobación de esta ley fue consecuencia de una crisis en el sistema de atención a la discapacidad, causada por el congelamiento de recursos y una notable disminución de beneficiarios tras una auditoría de la Administración Nacional de Discapacidad (Andis). Esta auditoría, realizada bajo la gestión de Diego Spagnuolo, quien fue destituido tras la filtración de audios que revelaron un presunto esquema de corrupción entre funcionarios y droguerías, intensificó el consenso político en torno a la situación de emergencia, que ya estaba en marcha antes de que se conocieran las grabaciones. Inicialmente, el Gobierno consideró la opción de acudir a la Justicia para frenar su implementación, pero finalmente Francos confirmó que se optará por la promulgación, aunque la reglamentación quedará a la espera de que se establezcan los orígenes de los fondos con el Congreso.
