Procesaron a Alberto Fernández en la causa Seguros y le embargaron más de $14 mil millones

El juez federal Sebastián Casanello procesó este jueves al ex presidente Alberto Fernández por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública en el marco de la causa por irregularidades en la contratación de seguros durante su mandato. Además, dispuso un embargo sobre sus bienes por la suma de $14.634.220.283.

La investigación gira en torno al decreto 823/21, firmado por Fernández, que eliminó el sistema de coaseguro y otorgó a Nación Seguros el monopolio de las pólizas estatales. Según determinó el juez, esta medida favoreció al empresario Héctor Martínez Sosa, amigo personal del exmandatario, quien junto a su pareja, María Cantero (histórica secretaria de Fernández), también fue procesado.

Una red de favores personales y beneficios económicos

En su fallo, Casanello subrayó que la relación entre Fernández, Martínez Sosa y Cantero excedía lo laboral: «hubo trato frecuente, regalos, flujos de dinero y gestiones personales». La pareja del empresario, designada en la Casa Rosada, tenía contacto directo con la agenda presidencial, lo que para el juez generó un «riesgo objetivo» de conflicto de intereses.

Martínez Sosa y su red de empresas cobraron más de $2.297 millones en comisiones por seguros estatales entre 2019 y 2023, lo que representó el 60% del total abonado por el Estado. Solo su empresa principal sumó contratos con 19 organismos públicos, entre ellos ministerios, Vialidad Nacional y la Corte Suprema.

Más ex funcionarios implicados

Junto a Fernández, también fueron procesados sin prisión preventiva:

• Alberto Pagliano, ex presidente de Nación Seguros

• Ex directores: Gustavo García Argibay, Sebastián Díaz Bancalari, Fernando Arana, Carlos Soria y Mauro Tanos

• Ex titulares del Fondo de Garantía de Sustentabilidad: Santiago Fraschina y Federico D’Angelo Campos

En cambio, se dictó la falta de mérito para seis empresarios vinculados, y se ordenaron nuevos allanamientos en oficinas de brokers y sociedades financieras relacionadas con el entramado.

Un informe clave de la PROCELAC

Una pieza central de la causa fue un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), que detalló que entre 2010 y 2019 Fernández le facturó a Martínez Sosa más de $4 millones por supuestos informes políticos y económicos. La última factura fue emitida cuatro días antes de asumir la presidencia.

Si bien los abogados sostienen que se trató de servicios profesionales, para la Justicia esto representa una vinculación económica previa que comprometió la imparcialidad del expresidente al beneficiar luego a su cliente desde el Estado.