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Privatizaciones: grupo mexicano busca quedarse con el Belgrano Cargas y promete invertir US$ 3.000 millones

El Gobierno nacional avanza en un ambicioso plan para privatizar las principales líneas ferroviarias de carga antes de fin de año, con el objetivo de atraer inversiones y reducir el déficit operativo del sistema. La iniciativa incluye las redes Belgrano, San Martín y Urquiza, actualmente bajo administración estatal, y contempla una inversión inicial estimada en 900 millones de dólares para la modernización de la infraestructura y el material rodante.

Entre los interesados en participar del proceso se destaca el Grupo México Transportes (GMXT), la mayor empresa ferroviaria de su país y una de las más importantes de América Latina. La compañía, controlada por el empresario Germán Larrea, manifestó su disposición a invertir hasta 3.000 millones de dólares si resulta adjudicataria. Su propuesta incluye la operación integral de las seis líneas de carga del país, tanto públicas como privadas, entre ellas NCA, Ferrosur y Ferroexpreso Pampeano.

El plan oficial prevé otorgar concesiones a 50 años, bajo un esquema mixto que mantenga el control y la fiscalización del Estado. Según fuentes oficiales, el objetivo es mejorar la eficiencia logística, reducir los costos de transporte y fortalecer la competitividad de las economías regionales. Actualmente, el sistema ferroviario de cargas presenta un déficit superior a los 60.000 millones de pesos anuales.

De acuerdo con datos oficiales, la red ferroviaria argentina cuenta con 7.728 kilómetros operativos y otros 7.945 kilómetros inactivos. En volumen de transporte, el San Martín moviliza unas 4,1 millones de toneladas por año, el Belgrano cerca de 2,7 millones y el Urquiza alrededor de 480 mil. Con un esquema de gestión privada y una inyección sostenida de capital, el Gobierno estima que la capacidad de carga podría duplicarse en menos de una década.

La eventual llegada del grupo mexicano implicaría un cambio estructural en el sistema de transporte de cargas del país. De concretarse, significaría el retorno a un modelo de concesiones de largo plazo, similar al implementado en la década de 1990, aunque con mayores controles estatales y compromisos de inversión obligatorios.

Con este proceso, el Ejecutivo busca reposicionar al ferrocarril como un eje estratégico del desarrollo nacional, reduciendo la dependencia del transporte por camión y mejorando la conexión con puertos y corredores bioceánicos que vinculan a la Argentina con Brasil, Chile y Paraguay.

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