Privatización en Comahue: el Gobierno suma casi USD 700 millones
El Gobierno confirmó un ingreso mínimo de USD 685 millones tras abrir las ofertas para privatizar las cuatro grandes represas hidroeléctricas del Comahue, una operación clave para reforzar reservas y atraer inversiones al sistema energético. Las propuestas más competitivas provinieron de operadores locales, que desplazaron a las multinacionales que buscaban retener su presencia en la región.
Las centrales involucradas fueron Alicurá, Piedra del Águila, El Chocón-Arroyito y Cerros Colorados/Planicie Banderita, que en conjunto aportan entre 10% y 15% de la matriz eléctrica nacional. Según el proceso técnico, solo Cerros Colorados tendrá una instancia de mejora de ofertas, mientras que en las demás el mínimo asegurado ya quedó garantizado.
Los adjudicatarios fueron principalmente empresas argentinas. Central Puerto obtuvo Piedra del Águila con una propuesta de USD 245 millones; Edison se quedó con Alicurá al ofrecer USD 162 millones; y MSU Green Energy lideró las ofertas por El Chocón-Arroyito y Planicie Banderita, comprometiendo además fuertes inversiones en infraestructura. Para este último complejo, BML Inversora presentó una propuesta de USD 41,7 millones.
La Secretaría de Energía destacó que los nuevos concesionarios deberán realizar obras obligatorias para garantizar operación segura y sostenible de los complejos. El Gobierno había estimado un ingreso cercano a USD 500 millones, pero las ofertas superaron ampliamente ese piso, alineándose con las expectativas del sector, que proyectaba entre 700 y 800 millones de dólares.
El nuevo esquema incorpora mayores regalías para las provincias, un canon por el uso del agua y un fondo específico para obras hídricas administrado por la AIC. Además, el precio de la energía vendida a Cammesa será fijado en dólares y las regalías se calcularán sobre el total de los ingresos, permitiendo incluso la percepción en especie.
Estas privatizaciones se suman a un calendario que prevé el vencimiento de otras quince concesiones menores durante el próximo año, por lo que el Gobierno evalúa continuar con este modelo de transferencia al sector privado.
