Presuntas coimas en accesos a Resistencia: cesantía y expulsión, las sanciones que evalúa el OCI

La investigación por presuntos pedidos de coimas por parte de efectivos policiales en los accesos a la ciudad de Resistencia continúa avanzando tanto en el ámbito judicial como administrativo. Así lo confirmó Ricardo Urturi, director del Órgano de Control Institucional (OCI), quien brindó detalles sobre el estado actual de la causa y las medidas adoptadas contra los uniformados involucrados.

Urturi explicó que la situación tomó estado público la semana pasada, a partir de denuncias realizadas por ciudadanos que señalaron irregularidades en un control policial ubicado en el acceso norte a la ciudad, sobre las rutas 11 y 16, a la altura de la conocida droguería del Indio. En ese lugar, un móvil policial era ocupado por dos efectivos.

Según relató el funcionario, la denuncia inicial apuntó contra un cabo de apellido Gómez, quien habría solicitado dinero a conductores a cambio de “mirar para otro lado” frente a supuestas infracciones. La Fiscalía Nº14 encuadró el hecho bajo la figura de exacciones ilegales, y tras el avance de la investigación, la Dirección de Delitos Complejos de Investigaciones procedió a la aprehensión del primer suboficial.

Posteriormente, y a partir de nuevas denuncias, surgieron elementos que comprometerían también al segundo efectivo que lo acompañaba en el control, por lo que ambos fueron detenidos una vez identificados por la Fiscalía interviniente.

En paralelo a la causa judicial, desde el Órgano de Control Institucional se iniciaron dos sumarios administrativos. Ambos empleados policiales fueron suspendidos de sus funciones con retención de haberes, mientras continúa la recolección de pruebas.

Urturi detalló que el equipo del OCI se encuentra trabajando activamente en la investigación: “Estamos recolectando declaraciones testimoniales de los ciudadanos denunciantes, revisando los libros de guardia, el sistema de GPS, la geolocalización y el posicionamiento del móvil policial”. Además, se solicitaron registros de cámaras de seguridad de la zona.

Si bien reconoció que algunas imágenes podrían no estar disponibles, remarcó que los efectivos ya fueron plenamente identificados y reconocidos, lo que permitió avanzar rápidamente en la causa. “Por la gravedad de las faltas, el sumario administrativo va directo a la etapa más severa”, indicó.

Posibles sanciones: expulsión de la fuerza

Actualmente, ambos policías se encuentran aprehendidos y alojados en la comisaría de Puerto Vilelas. Urturi adelantó que, de no mediar contratiempos, la semana próxima podrían formularse las imputaciones por transgresiones disciplinarias.

En ese sentido, fue claro al señalar que, de comprobarse los hechos, la sanción prevista es la cesantía y expulsión de la fuerza, ya que se trata de faltas gravísimas según el régimen disciplinario. “No existe una sanción menor para este tipo de conductas”, sostuvo, y aclaró que cualquier posibilidad de perdón o reconsideración queda descartada mientras la causa judicial siga abierta.

El director del OCI remarcó que las sanciones no solo buscan castigar, sino también enviar un mensaje claro tanto al interior de la institución como a la sociedad. “Son hechos totalmente repudiables, no tolerados ni por la fuerza ni por el Poder Ejecutivo. La sanción es necesaria para que la sociedad vuelva a confiar”, afirmó.

En ese marco, insistió en que ningún ciudadano debe pagar dinero a un policía, ni siquiera ante la comisión de una infracción, y mucho menos si toda la documentación está en regla. “No corresponde pagar por no llevar casco, por no tener los papeles en el momento, ni tampoco dar propinas por un buen trato. Solicitar o aceptar dinero, aun por un trabajo correcto, es una falta gravísima”, subrayó.

Urturi reconoció que no es la primera vez que se detectan este tipo de casos. “Hemos tenido denuncias similares en el pasado, incluso en áreas de Policía Caminera, y siempre se actuó con investigaciones y pedidos de cesantía”, explicó.

Finalmente, llamó a la ciudadanía a denunciar cualquier intento de cobro indebido por parte de efectivos policiales. “La gente tiene que tener la tranquilidad de que existe un órgano que investiga. Si se acredita el hecho, se toman medidas ejemplificadoras. Denunciar es fundamental para erradicar estas prácticas”, concluyó.