Presentan una ley para evaluar la salud mental del personal de seguridad en Chaco
El proyecto hace referencia a recientes incidentes en la provincia que han generado preocupación.
En la Legislatura de Chaco se ha presentado un proyecto de ley que propone la realización obligatoria y periódica de exámenes psicológicos y psicoanalíticos para el personal de las Fuerzas de Seguridad. Esta iniciativa, presentada por el diputado Rodrigo Pavón (Juntos por el Cambio), tiene como objetivo asegurar la idoneidad psíquica de los agentes y prevenir casos de violencia o abuso en el uso de la fuerza.
«Es crucial que los agentes policiales tengan un seguimiento adecuado de su salud psíquica y emocional, no solo al momento de ingreso, sino a lo largo de toda su carrera institucional», argumenta el legislador en los fundamentos de la propuesta. Además, se establece que los resultados de las evaluaciones no afectarán el estado laboral ni el salario de los efectivos, y que el incumplimiento de estos controles será considerada una falta grave dentro del Régimen Disciplinario Policial.
El proyecto estipula que las evaluaciones serán llevadas a cabo por equipos interdisciplinarios compuestos por un psicólogo, un psiquiatra y un trabajador social, supervisados por la Dirección de Salud. También se contempla que en aquellos casos en que un efectivo utilice su arma en situaciones que impliquen abuso o violencia, se deberá realizar una evaluación psicológica exhaustiva del agente.
Esta propuesta adquiere especial relevancia a raíz de varios acontecimientos recientes en la provincia. En enero de 2024, el sargento Claudio Mambrin asesinó a su pareja, Gabriela Betiana Alarcón, con su arma reglamentaria y luego se quitó la vida en Presidencia de la Plaza. En diciembre de 2023, la cabo Agustina Caro fue encontrada muerta con un disparo en la cabeza; su pareja, también policía, fue arrestada y la investigación sigue en curso. En abril, el cabo Federico Fogliatti fue hallado sin vida en Resistencia, en lo que se presume fue un suicidio con su arma reglamentaria.
De acuerdo con estadísticas mencionadas en el proyecto, el uso de armas de fuego en femicidios y suicidios por parte de fuerzas de seguridad ha ido en aumento en los últimos años. En 2022, al menos 18 de los 252 femicidios registrados fueron perpetrados por agentes. Además, entre 2016 y 2019, el 35% de las muertes por causas externas en las fuerzas federales correspondieron a suicidios, siendo las mujeres las más afectadas en términos proporcionales.
«El fácil acceso a las armas de fuego incrementa la probabilidad de suicidios y asesinatos, de los cuales son partes la policía o miembros de las Fuerzas Armadas,» enfatiza el texto.
