Piden se investigue penalmente el traslado a la abogada Corbacho en vehículo oficial
Cuando parecía que todo había quedado en el olvido, el Fiscal de Investigaciones Adjunto Dugaldo Ferreyra emitió un dictamen al Fiscal General Subrogante, donde pide que se investigue penalmente el uso de vehículos oficiales para trasladar a la doctora Valeria Corbacho, quien en una parte del litigio defendió al exsubsecretario de Políticas Comunicacionales Paulo Butice.
El tema tomó estado público por el mes de mayo, cuando la renombrada -y cara- abogada Valeria Corbacho fue trasladada por un vehículo oficial, donde incluso hay video y fotos del hecho.
Corbacho fue contratada por Paulo Butice, uno de los imputados en la causa Lavado I y que aún se encuentra privado de su libertad. Conocida por lograr haber defendido al expresidente Fernando De La Rua, la letrada llegó a Resistencia y fue llevada por una camioneta oficial
Esto, incluso, fue reconocido por el gobernador Domingo Peppo quien dijo que se le facilitó el traslado para que no sufra ningún tipo de agresiones.
Cuando parecía que todo quedó ahí, salió a la luz un dictamen del fiscal Dugaldo Ferreyra, donde expuso que tras una serie de investigaciones llegó a la conclusión que el acontecimiento contó con varios ilícitos, que se violó el art. 65 de la Constitución Provincial y en consecuencia, pide que se investigue el hecho penalmente.
RESOLUCION
1) CONCLUIR que de las pruebas producidas en esta instancia, surgen evidencias concretas e irrefutables de la existencia y comisión de irregularidades rayano con lo ilícito en el uso, custodia y registros del parque automotor en la Secretaría General de Gobernación y Coordinación, en transgresión de la normativa aplicable; y particularmente el uso indebido del vehículo TOYOTA HILUX PICK UP Dom. AB452QX afectado en préstamo a dicha Secretaría General de la Gobernación, para uso particular de un tercero.- Por lo que de estas actuaciones surgen a prima facie que es reprochable legalmente y debería considerarse las actuaciones del Ministro de Seguridad Pública, de la Secretaria General de Gobierno y Coordinación, y del Propio Gobernador de la Provincia del Chaco, atento a la responsabilidad orgánica funcional que le compete a él en su carácter de mandatario legal de la Provincia y jefe de la administración.
2) PROPONER LA DENUNCIA PENAL por los hechos investigados en estas actuaciones por considerarlos presuntamente incursos en delitos contra la Administración Pública, previstos en los artículos 260, 261 y 262 del Código Penal de la Nación, conforme facultades del art. 6 inc. c) Ley Nro. 616-A. y artículo 65 Constitución Provincia del Chaco1957-1994 veda explícitamente la utilización de bienes públicos en beneficio de particulares.-
3)PROPICIAR LA REMISION de copias certificadas de estas actuaciones a la Secretaría General de Gobernación y Coordinación y requerir que esta Fiscalía sea tenida como parte acusadora en la información sumaria que tramita por A.S. Nº E2-2018- 9109-A., conforme las prescripciones del art. 8º de la Ley Nro. 616-A.-
4)RECOMENDAR que las conclusiones a las que se arribe en las presentes actuaciones mediante la Resolución pertinente sean consideradas en oportunidad y como antecedente a considerar en los términos de la ley Nº 2325 A de Juicio de Residencia.-
5) SOLICITAR se me tenga por cumplimentado con los extremos previsto en el art. 10. de la Ley 616-A. Oportunamente sean puestas a consideración del Sr. Fiscal General Subrogante y aprobado el presente dictamen, salvo su mejor y más elevado criterio.
Ahora, queda en manos del Fiscal General Subrogante si da curso o no a este pedido, lo que sí es concreto es que se trata de un nuevo hecho irregular que golpea al gobierno provincial.
