Piden la inmediata detención del intendente de Castelli
En el marco de la megacausa Lavado III, el fiscal Sabadini solicitó la orden de detención de Oscar Alberto Nievas, intendente de Castelli, y de Adriana y Silvia Hipperdinger, por lavado de activos, irregular manejo de los fondos públicos, entre otros delitos.
Diario Ya, tuvo acceso al requerimiento fiscal de Sabadini a la jueza Zunilda Niremperger, mediante la cual se solicita la inmediata orden de detención del intendente de Castelli, Oscar Alberto Nievas, Adriana Alejandra Hipperdinger y Silvia Natalia Hipperdinger, por ser parte de «una organización en la que se evidencia el despliegue de una importante logística y medios económicos, que incluyen gran cantidad de vehículos, propiedades inmuebles en esta y otras provincias y cuentas bancarias con relevantes movimientos dinerarios, arribándose al dictado de auto de procesamiento con prisión preventiva respecto de los sujetos que integran el núcleo duro organizacional, correspondiendo subrayar, asimismo, los recurrentes pasos fronterizos internacionales que registran los nombrados, según los informes incorporados de la Dirección Nacional de Migraciones».
La detención se da en el marco de la megacausa Lavado III, que investiga el irregular manejo de fondos públicos que deberían haberse utilizado para la construcción de viviendas; negociaciones incompatibles con la función pública; enriquecimiento ilícito; fraude en perjuicio de la administración pública; incumplimiento de deberes de funcionario público; malversación de caudales públicos; lavado de activos, agravado por habitualidad, ser miembro de una banda y funcionario público.
La requisitoria fiscal señala que «en el municipio de Juan José Castelli, se habría replicado el mismo esquema ilícito que utilizó Lorenzo Heffner en Villa Río Bermejito», acusado de «apoderarse ilegitima y deliberadamente de fondos provenientes del erario Nacional, dinero y bienes propios del Municipio, asignados respectivamente para la construcción de viviendas en el marco de planes nacionales, específicamente el Programa Federal de Integración Socio- Comunitaria y Programa Federal de Viviendas y Mejoramiento de Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales- en un periodo de tiempo que abarcó los años 2011 hasta el año 2016».
IRREGULARIDADES DETECTADAS EN LA MODALIDAD DE PAGO DE LAS OBRAS
A partir de diversos informes brindados por el NBCh, y otras documentaciones, se pudo saber que «en el Municipio de Castelli se habría adoptado una modalidad de pago semejante a la utilizada en Villa Río Bermejito, basada en el libramiento de cheques desde la cuenta bancaria del Municipio contra la misma cuenta pagadora y luego, su retiro por parte del Jefe Comunal, Oscar Alberto Nievas».
DISTRIBUCIÓN DE VIVIENDAS: PARA FAMILIARES Y ALLEGADOS
Los testimonios e informes producidos, permiten sostener que la construcción de viviendas en el marco de los programas federales en Castelli presentan severas irregularidades: «ejecución defectuosa de viviendas, posiblemente motivada en la baja calidad de los materiales utilizados, como así viviendas que no habrían sido realizadas».
Asimismo, «se habría efectuado una distribución reprochable de las viviendas efectivamente construidas, que en algunos supuestos indicarían directamente la apropiación de las viviendas y en otros un reparto discrecional en beneficio de familiares o allegados, resultado funcional al desenvolvimiento de los designios de la organización ilícita».
CALIFICACIÓN LEGAL
Al jefe comunal se lo imputa por el delito de «Lavado de dinero agravado (art. 303 del Código Penal, con la agravante prevista por el art. 303 inc. 2), apartados a) y b) del Código Penal), por habitualidad y ser miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza y revestir la calidad de funcionario público, en calidad de autor».
PEDIDO DE DETENCION
La Justicia solicitó la inmediata detención de Oscar Alberto Nievas, Adriana Alejandra Hipperdinger y Silvia Natalia Hipperdinger, » por ser miembros de una organización en la que se evidencia el despliegue de una importante logística y medios económicos, que incluyen gran cantidad de vehículos, propiedades inmuebles en esta y otras provincias y cuentas bancarias con relevantes movimientos dinerarios; maniobras de blanqueo de capitales provenientes de la actividad ilícita».
El pedido de prisión preventiva se sustenta en la posible «fuga y evasión de la acción de la justicia, como así la presión o coerción de testigos, informantes y/o coimputados para evitar la delación, ocultar y destruir pruebas de cargo, entorpeciendo y poniendo en riesgo el desarrollo de la investigación».»
