Otorgan arresto domiciliario al jubilado que amenazó a Milei en redes
La Justicia federal determinó que el imputado deberá cumplir su detención en su residencia en Resistencia. Esta decisión fue tomada por el juez Ariel Lijo, en cumplimiento de una resolución de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires.
Después de estar casi diez días detenido en condiciones inadecuadas, D.R.V., el jubilado chaqueño que supuestamente amenazó al presidente Javier Milei y a otras personalidades a través de las redes sociales, fue beneficiado con arresto domiciliario. La medida fue adoptada el viernes por el juez Lijo, siguiendo una orden de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones porteña.
Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi rechazaron la excarcelación solicitada por la defensa del imputado, representada por el abogado Ignacio Funes Peralta. No obstante, aceptaron moderar su situación procesal, permitiendo que la detención se cumpla en su hogar en Resistencia.
Entre las medidas impuestas, la Justicia ordenó la retención del pasaporte del imputado, prohibió su salida del país y estableció un sistema de rastreo para monitorear su ubicación de manera constante.
Cabe recordar que D.R.V. fue arrestado el 2 de julio durante un operativo de la División de Delitos Tecnológicos Complejos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Según fuentes judiciales, desde una cuenta en redes sociales bajo el seudónimo «Elpidio Sánchez», habría lanzado amenazas contra el presidente Milei, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y periodistas relacionados con el oficialismo.
Durante el allanamiento en su hogar, las fuerzas de seguridad incautaron una carabina calibre .22 y cuatro armas de aire comprimido.
En los primeros días de su arresto, D.R.V. fue alojado en condiciones inadecuadas en una oficina de la Comisaría Tercera de Resistencia, sin acceso a elementos básicos de higiene, sin defensa legal y con la posibilidad de ser trasladado a Buenos Aires. Ante esta situación, el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco presentó un hábeas corpus correctivo ante la jueza federal Zunilda Niremperger. La jueza admitió el reclamo y ordenó garantizar condiciones mínimas de detención: cama, colchón, atención médica adecuada por su hipertensión crónica, y contacto irrestricto con su abogado, además de proteger su integridad ante los medios.
Como resultado, el imputado fue trasladado a la sede de la Policía Federal en el centro de Resistencia, donde sus condiciones mejoraron significativamente. Finalmente, el viernes fue acompañado por agentes policiales hasta su hogar para iniciar el arresto domiciliario.
Sin embargo, su familia denunció que no se les proporcionó una copia de la resolución judicial, lo que generó incertidumbres sobre el alcance de las restricciones y el cumplimiento de la medida.
