Ordenaron detener al juez federal Soto Dávila acusado de beneficiar a narcopolíticos de Itatí
Ante el conjunto de pruebas, el juez Sergio Torres ordenó la detención del titular del Juzgado Federal N°1 de Corrientes, Carlos Soto Dávila, acusado de ser el jefe de una asociación ilícita y de favorecer con sus decisiones, a cambio de dinero, a los sospechosos que debía investigar.
El escándalo del narcotráfico en Itatí, en Corrientes, primero involucró a la dirigencia política y a funcionarios de fuerzas de seguridad. Pero los nexos y complicidades de los supuestos capos narcos, según el expediente, también habrían estado aceitados en el Poder Judicial.
El juez tiene inmunidad de arresto. Para ser detenido deberá ser destituido por un jurado de enjuiciamiento en el Concejo de la Magistratura.
El magistrado está acusado de ser el jefe de una asociación ilícita que encubrió a narcotraficantes que operaban en esa ciudad, desde donde transportaban grandes cantidades de marihuana para distribuir en Capital Federal y varias provincias.
Esta investigación es en el marco del Operativo Sapucay, por la que está detenido desde hace meses el Intendente de Itatí Natividad Terán y su vice Fabio Aquino, además de gendarmes, policías federales y provinciales, en un caso que va camino al juicio oral.
El modus operandi que se investiga era el siguiente: los narcos ingresaban marihuana desde Paraguay por balsas en el Río Paraná y, una vez en Corrientes, la distribuían hacia Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Chaco, Santiago del Estero y Mendoza.
Soto Dávila quedó comprometido en la causa a partir de la declaración de uno de los arrepentidos, que confesó que le pagaba grandes sumas de plata para ser encubierto, sumado a escuchas telefónicas de su entorno que lo involucraron. Se investigan al menos una decena de pagos de coimas al magistrado, a cambio de protección.
La acusación concreta sobre el magistrado es de dictar resoluciones favorables hacia los narcos. Entre ellas, vinculadas a alivianar la acusación o bien otorgarles la libertad de forma muy controvertida. Al ser juez Soto Dávila posee fueros y no puede ser detenido, aunque sí indagado. En función de ello se comunicó la decisión y se puso al tanto de la acusación al Consejo de la Magistratura de la Nación, para que se proceda a su desafuero.
El juez Torres analiza un perfil patrimonial del magistrado así como los movimientos de la cuenta bancaria asignada a su juzgado. Mientras que la PROCUNAR evalúa unas 180 mil llamadas entre el magistrado y sus secretarios desde el 2015 a la fecha.
