Ordenan la detención de seis personas condenadas por el caso «la ruta del dinero K»
Los implicados son empresarios relacionados con «La Rosadita», la entidad financiera a través de la cual se lavaron 55 millones de dólares. Ayer, el tribunal supremo confirmó las sentencias contra los acusados en este escándalo de corrupción.
El 30 de mayo de 2025, a las 13:28 horas, el Tribunal Oral Federal 4 emitió la orden de arresto para Fabián Rossi, Julio Mendoza, Juan Alberto De Rasis, César Fernández, Carlos Molinari y Eduardo Castro, condenados en el caso «la ruta del dinero K».
El juez Néstor Costabel notificó a los condenados que deben presentarse el lunes 2 de junio de 2025 a las 10:30 horas para que se efectúen sus detenciones. El fiscal Abel Córdoba solicitó la medida para que sean encarcelados y posteriormente ubicados en una unidad del Servicio Penitenciario Federal.
Este pedido sigue a la confirmación de la Corte Suprema de Justicia el jueves pasado, que validó sus condenas por lavado de activos. Ninguno de ellos había estado en prisión anteriormente, razón por la cual ahora deberán cumplir sus penas. El tribunal deberá evaluar la situación individual de cada uno, ya que varios presentaron certificados médicos pidiendo prisión domiciliaria. Además, muchos de ellos superan los 70 años, lo que permite a la justicia considerar este beneficio.
Los empresarios fueron condenados por distintos niveles de participación en la maniobra que facilitó a Lázaro Báez lavar 55 millones de dólares a través de la financiera S.G.I, conocida popularmente como «la rosadita». Esta entidad pertenece a Ramos.
La investigación se originó en 2013 a partir de un informe del programa PPT de Jorge Lanata, que reveló que el empresario Lázaro Báez, amigo del fallecido Néstor Kirchner y uno de los principales contratistas de obras públicas en Santa Cruz, había sacado 55 millones de dólares del país mediante maniobras financieras vinculadas a cuentas en Suiza. El programa incluyó testimonios de Federico Elaskar y Leonardo Fariña, grabados con cámara oculta.
El juez Casanello dictó en abril de 2016 la detención de Lázaro Báez y su contador Daniel Pérez Gadín, ante el temor de que pudieran fugarse. En ese momento, también fue arrestado el abogado Jorge Chueco, quien intentó escapar hacia Paraguay.
La investigación concluyó que existía una organización criminal que, entre diciembre de 2010 y abril de 2013, llevó a cabo maniobras de lavado de dinero, especialmente utilizando la empresa Austral Construcciones, dirigida por Báez, mediante la financiera SGI. Este entramado operó tanto en el país como en el extranjero, logrando la salida de fondos ilícitos y su posterior reingreso, alcanzando un total de USD 54.872.866,69.
Se determinó que el dinero enviado al extranjero se depositaba en cuentas de diversos bancos internacionales, generalmente con pocos controles fiscales, a nombre de otras personas jurídicas. Luego, se adquirieron bonos de deuda pública que se liquidaron en el mercado local, simulando una supuesta inversión millonaria de una empresa fiduciaria suiza para adquirir acciones de la empresa Austral Construcción S.A. (ACSA).
Finalmente, la Corte Suprema ratificó el jueves pasado las condenas por lavado de activos.
