Ordenan a una agencia dejar de promocionar a Malvinas como británicas
La Justicia porteña confirmó una sentencia que obliga a la empresa Cruiseline SRL a rectificar sus publicidades por presentar a las Islas Malvinas como territorio del Reino Unido. La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo ratificó que la compañía debe informar correctamente la soberanía argentina sobre el archipiélago en todas sus ofertas de viajes.
El caso se inició tras una denuncia de consumidores que detectaron que la firma promocionaba itinerarios usando la denominación “Falkland Islands”, además de toponimias británicas como “Port Stanley” o “New Island”. Para los denunciantes, esa información resultaba errónea y engañosa, ya que atribuía a una potencia extranjera un territorio cuya soberanía Argentina considera legítima e imprescriptible.
La defensa de Cruiseline argumentó que solo actuaba como intermediaria de navieras internacionales y que no podía modificar la información provista por empresas como Celebrity Cruises. También planteó que las operaciones portuarias en la zona se rigen de facto por autoridades británicas. Sin embargo, el tribunal sostuvo que la agencia integra la cadena comercial y debe responder ante los usuarios con datos claros y veraces.
La sentencia remarcó que toda publicidad emitida en territorio argentino debe ajustarse al orden jurídico nacional, incluido el reconocimiento constitucional sobre Malvinas. Para los jueces, presentar al archipiélago como británico contradice un mandato constitucional y vulnera la normativa de defensa del consumidor al inducir a error sobre un aspecto esencial del servicio.
La Cámara también observó irregularidades en los mapas publicados por la empresa, donde se utilizaba toponimia inglesa sin aprobación del Instituto Geográfico Nacional. Uno de los votos destacó que toda representación cartográfica del país debe respetar la nomenclatura oficial para no afectar la integridad territorial.
Aunque una magistrada planteó una disidencia parcial, la condena fue confirmada en su totalidad. La empresa deberá eliminar los contenidos cuestionados, publicar un aviso rectificatorio y enviar una comunicación a los clientes que contrataron el servicio, aclarando que el destino corresponde a la República Argentina.
