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Nueve argentinos figuran en la lista “Lo peor de lo peor” del ICE de EE.UU.

Las autoridades de Estados Unidos incluyeron a nueve ciudadanos argentinos en la lista de criminales extranjeros perseguidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en el marco de una política de endurecimiento migratorio impulsada por el gobierno de Donald Trump. La nómina fue difundida a través del sitio web “Worst of the Worst” (“Lo peor de lo peor”), lanzado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en diciembre de 2025.

La plataforma funciona como una galería virtual que expone a personas arrestadas en los últimos meses por distintos delitos cometidos en territorio estadounidense y que son consideradas prioritarias para su detención y eventual deportación. Según el DHS, la iniciativa busca reforzar el control migratorio y transparentar las acciones del ICE frente a la opinión pública.

Entre los argentinos incluidos, los cargos son variados y van desde robo, agresiones y tenencia ilegal de armas, hasta posesión de pornografía infantil, proxenetismo e infracciones de tránsito. Uno de los casos destacados es el de Vanesa Landaburu, detenida en Las Vegas por robo y posesión de armas de fuego, mientras que Joaquín Acosta fue arrestado en Conroe, Texas, acusado de agresión.

También figura Marlene Santaella, detenida en el estado de Maine por su presunta participación en una banda dedicada al robo en comercios minoristas. En un perfil de menor gravedad aparece Juan Nasisi-Funes, arrestado en Indiana por obstrucción de una investigación criminal e infracciones de tránsito.

La lista se completa con Andrés Palmero, con antecedentes por hurto, asalto, drogas y armas; María Clara Iacucci, arrestada en Florida por agresión doméstica y posesión de estupefacientes; Marcos Ontivero, con un cargo por proxenetismo en 2011 y deportado en agosto de 2025; Carlos Tealdi, condenado por posesión de pornografía infantil en Luisiana; y Nicolás Ortíz, detenido en Nueva York por agresión y tenencia ilegal de armas.

El ICE, creado en 2003 y dependiente del Departamento de Seguridad Nacional, es la agencia encargada de hacer cumplir las leyes migratorias y combatir delitos vinculados a la inmigración ilegal. Durante la gestión de Trump, el organismo amplió su presupuesto, recursos y presencia territorial, intensificando los operativos de detención y deportación, lo que generó fuertes críticas y protestas por presuntos abusos, detenciones arbitrarias y separación de familias.

En ese contexto, el accionar del ICE volvió a quedar bajo la lupa tras la muerte de Renee Nicole Good, una mujer brasileña de 37 años que falleció en Minneapolis luego de recibir disparos por parte de un agente. El caso, ocurrido semanas atrás, reavivó el debate sobre los límites y el control de las fuerzas migratorias en Estados Unidos.

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