Nueva propuesta en Resistencia: control toxicológico obligatorio para funcionarios
El concejal de Resistencia, Ángel Sánchez, presentó un proyecto de ordenanza que propone la realización de controles toxicológicos anuales y obligatorios a todos los funcionarios del municipio. La propuesta ingresó en la última sesión del Concejo Deliberante y, según explicó el edil, deberá atravesar varias comisiones, como Salud, Asuntos Generales y Hacienda, porque, aunque no implique un gasto elevado, requerirá un presupuesto que deberá ser cubierto por el Ejecutivo Municipal.
El proyecto contempla la implementación de pruebas de rinoscopía, análisis de sangre y orina. “Lo importante no es tanto el costo, que aún no tenemos estimado, sino la necesidad de que estos estudios se realicen. Quienes toman decisiones que afectan la vida de los ciudadanos deben estar en condiciones óptimas para hacerlo”, afirmó Sánchez en comunicación con Radio Libertad.
El concejal precisó que los exámenes serían obligatorios una vez al año y alcanzarían al intendente, concejales, subsecretarios, coordinadores, asesores, defensores del pueblo y de la niñez, personal de la oficina de violencia laboral, del Juzgado de Faltas, la Caja Municipal y todos los entes municipales con responsabilidad decisional. “Será el Ejecutivo quien defina fechas y mecanismos. De todas formas, lo ideal es que sean sorpresivos, porque si no, pierden eficacia. La rinoscopía puede detectar consumo en los últimos días, pero los análisis de sangre y orina revelan un historial más amplio”, explicó.
Sánchez advirtió que la problemática del consumo de sustancias no discrimina por clase social o jerarquía. “En el municipio hay muchos empleados sin cargos con consumos problemáticos, pero también sabemos que quienes más recursos tienen están muchas veces más cerca de este tipo de situaciones. Esto no solo se refiere al uso de drogas ilegales, sino también al abuso de sustancias legales que se utilizan para mejorar el rendimiento laboral”, subrayó.
Consultado sobre las consecuencias que prevé el proyecto ante un resultado positivo, fue tajante: “El funcionario debe ser apartado de inmediato de sus funciones y entrar en tratamiento. La municipalidad cuenta con programas de Acción Social para atender estos casos, pero una persona que consume y está en un cargo de responsabilidad pública es un riesgo para la seguridad y el bienestar de todos”.
