Nación modificó la modalidad de contratación para la obra pública
El Gobierno argentino ha introducido una nueva plataforma para el registro de empresas que desean participar en la obra pública. El ministro Sturzenegger destacó que esta medida busca disminuir la burocracia, incrementar la competencia entre empresas y eliminar mecanismos que históricamente favorecieron la cartelización en el sector.
El cambio, oficializado en el Boletín Oficial mediante una resolución de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), simplifica los criterios de inscripción y calificación para las constructoras, permitiendo así la inclusión de nuevos actores, tanto locales como internacionales. Sturzenegger mencionó que durante 70 años existió un sistema legal que fomentaba la cartelización, limitando las oportunidades para nuevos oferentes.
Con las nuevas reglas, ahora podrán participar empresas con experiencia en el ámbito privado o internacional, así como aquellas sin antecedentes previos, siempre que puedan demostrar patrimonio o garantías equivalentes. La obra pública resulta crucial para provincias como Chaco, donde dependen de recursos federales para llevar a cabo proyectos significativos.
Uno de los principales cambios es la eliminación del sistema de «capacidad de contratación» que restringía la entrada de nuevos oferentes. La normativa propone un enfoque que promueve la apertura del mercado para estimular la competencia entre los interesados.
El nuevo marco regulatorio incluye el Sistema de Información de Cocontratantes (SICO), que será una plataforma integrada donde se registrarán todas las personas o empresas que quieran prestar servicios al Estado, incluyendo a proveedores y contratistas de obras públicas. Anteriormente, las empresas necesitaban presentar antecedentes de hasta 10 años, pero con la nueva normativa, se aceptarán antecedentes de obra pública y privada sin requerir una evaluación de compromisos anteriores.
Además, se considerará el capital social para empresas sin experiencia, facilitando así su integración al sistema bajo normas de transparencia y competición. En el contexto de un ajuste estatal promovido por el presidente Javier Milei, que conllevó la pausa en la obra pública, se espera que estas reformas fomenten una mayor participación empresarial y optimicen el uso de recursos públicos en infraestructura.
