Nación interviene el Puerto de Ushuaia por presunto desvío de fondos y riesgo operativo
El Gobierno nacional decidió intervenir por 12 meses el Puerto de Ushuaia, uno de los principales puntos estratégicos para la logística, el turismo de cruceros y el comercio en la Patagonia, tras detectar presuntas irregularidades financieras, desvío de fondos y deficiencias estructurales que comprometen la seguridad operativa de la terminal. La medida fue dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) y formalizada mediante la Resolución 4/2026, firmada por su director ejecutivo, Iñaki Arreseygor.
Según el organismo, las inspecciones técnicas, auditorías administrativas y auditorías contables identificaron un manejo irregular del presupuesto portuario y riesgos para la seguridad de la infraestructura, incluyendo fallas en muelles, defensas y superficies de tránsito, que no fueron corregidos pese a múltiples advertencias.
Desde la ANPyN también señalaron que los recursos generados por la terminal que por normativa deben reinvertirse en su mantenimiento y mejoras habrían sido utilizados para financiar gastos de la administración provincial de Tierra del Fuego, encabezada por el gobernador Gustavo Melella, en contravención de la Ley de Puertos vigente.
La intervención comprende además la suspensión temporal de la habilitación administrativa del puerto, aunque las autoridades nacionales aclararon que se mantendrá la operación habitual para no afectar la actual temporada de cruceros. Durante el período de control, la gestión técnica y administrativa de la terminal quedará bajo la ANPyN, con apoyo de la Prefectura Naval Argentina para reforzar los controles de seguridad operativa.
La decisión generó un fuerte cruce político con el Gobierno provincial: el propio gobernador Melella rechazó la medida y aseguró que no comparte los fundamentos técnicos ni jurídicos de la intervención, sosteniendo que el puerto “funciona con normalidad” y cumple estándares internacionales en plena temporada de cruceros.
La intervención queda en vigencia hasta que la provincia regularice las irregularidades detectadas y demuestre según la ANPyN que puede garantizar el manejo transparente de los fondos portuarios y la seguridad operativa de la infraestructura.
