Murió por coronavirus Ramón Ayala, líder del sindicato de trabajadores rurales
Estaba internado en una clínica de Belgrano y durante la madrugada se produjo su deceso. La entidad rural decretó duelo por 24 horas.
El secretario de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), Ramón Ayala, murió en la madrugada de este martes por complicaciones en su cuadro de coronavirus, tras ser internado el pasado 23 de septiembre en una clínica de Belgrano.
El dirigente había renovado su mandato frente al gremio en diciembre de 2019, sucediendo al histórico secretario Gerónimo “Momo” Venegas. A través de un comunicado, la UATRE informó el fallecimiento de Ayala e indicó que se trata de “una enorme pérdida, la cual sólo encuentra consuelo en el recuerdo de su sonrisa inagotable, su hondo sentido del compañerismo y la solidaridad y sus férreas convicciones para defender los intereses de los trabajadores y trabajadoras rurales».
Ante esta situación, el gremio decretó un duelo de 24 horas, en conmemoración y en una jornada “de recogimiento y de ruego por el descanso en paz de su alma”.
Lo hizo mediante un comunicado en el que se indica textualmente que “el presidente Alberto Fernández dio instrucciones a la Cancillería sobre la posición a fijar por la representación argentina en Ginebra ante los proyectos de resolución en relación con la situación en Venezuela que se tratarán en la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU”.
“Nuestro país mantendrá su liderazgo en la defensa global de los derechos humanos y sostendrá los principios de paz y resolución política de la crisis venezolana”, comienza el texto que luego.
“Asimismo, valorará y apoyará con fuerza el trabajo realizado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas Michelle Bachelet. En ese marco, instamos al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a cooperar plenamente con el Consejo y todos sus mecanismos, y a implementar íntegramente las recomendaciones hechas por la Alta Comisionada en sus informes. Así como con su llamado a que conduzca investigaciones prontas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las alegaciones de violaciones a los derechos humanos, lleve a los perpetradores ante la justicia y garantice una reparación adecuada a las víctimas”, se apunta en el documento.
En otro párrafo del comunicado el gobierno de Alberto Fernández señala “la necesidad de reforzar la instalación de una misión permanente de la Alta Comisionada en Caracas, dotada de los recursos humanos y de los elementos que le permitan desplegar una acción remedial frente a dichas circunstancias y contribuir a encaminar soluciones apropiadas, liderando actuaciones complementarias que pueda estimar convenientes para tal propósito”.
