Motomandados denuncia que el Municipio entregó tarde los cascos y dejó a 70 familias sin sustento
Desde la Cooperativa de Trabajo cuestionaron la estrategia del Municipio de Resistencia. Aseguran que los operativos de secuestro se realizaron antes de la entrega de elementos de seguridad, dejando a decenas de trabajadores sin su sustento diario.
La tensión entre el sector de cadetería y la administración municipal de la capital chaqueña alcanzó un punto crítico este domingo 18 de enero. La Cooperativa de Trabajo de Motomandados denunció públicamente lo que consideran una «secuencia inversa» en las políticas de seguridad vial: la ejecución de sanciones y secuestros de vehículos antes de la entrega de los elementos de protección prometidos por la propia comuna.
Según explicaron referentes del sector, los cascos de seguridad —que formaban parte de un programa de asistencia anunciado meses atrás— fueron otorgados recientemente, pero solo después de que se llevaran a cabo masivos operativos de control. Esta demora en la distribución dejó a los trabajadores en una situación de vulnerabilidad, derivando en multas onerosas y la pérdida de herramientas de trabajo.
Un golpe a la economía familiar
El impacto de esta falta de coordinación institucional tiene una traducción directa en la realidad social de la ciudad. Desde la cooperativa detallaron los puntos más alarmantes de la situación:
- 70 familias en crisis: Se estima que al menos setenta trabajadores han perdido su ingreso diario debido a la retención de sus motocicletas por falta de casco, una situación que califican de «evitable» si la entrega hubiera sido preventiva.
- Pérdida del empleo: En el contexto económico actual, el secuestro del vehículo no representa solo una infracción de tránsito, sino la anulación inmediata de la capacidad laboral del cadete.
- Foco recaudatorio: Los trabajadores critican que la política municipal priorice la sanción económica por sobre la protección genuina y el fomento del derecho al trabajo.
El reclamo por una mesa técnica
El presidente de la Cooperativa, Fabio Zerpa, se mostró tajante al exigir una instancia de mediación con las autoridades locales. «Le solicitamos al Municipio de Resistencia que convoque a todas las partes: trabajadores, autoridades, fuerzas de control y especialistas, para construir una verdadera política de seguridad vial que no castigue al trabajador», manifestó.
Desde el sector de motomandados recalcaron su disposición para colaborar con el ordenamiento del tránsito y la seguridad vial. Sin embargo, advirtieron que las acciones «aisladas y punitivas» solo profundizan la precariedad de un rubro esencial para la dinámica comercial de la ciudad, pero que opera bajo condiciones de alta vulnerabilidad.
