Misterio en Olivos: revelan que el militar hallado muerto era víctima de una red de extorsión desde cárceles bonaerenses
La muerte del joven militar Rodrigo Gómez, hallado sin vida en la Quinta de Olivos en diciembre pasado, dio un giro decisivo tras confirmarse que era víctima de una red de extorsiones que operaba desde cárceles bonaerenses mediante una aplicación de citas.
Así lo informó este martes el Gobierno nacional, al anunciar la desarticulación de una banda integrada por personas privadas de la libertad en los penales de Magdalena y Olmos, quienes utilizaban perfiles falsos de mujeres para captar víctimas, simular conversaciones con supuestas menores de edad y luego exigir transferencias de dinero a cambio de “silencio”.
El anuncio se realizó en una conferencia de prensa encabezada por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quienes confirmaron que hay siete personas detenidas por la maniobra delictiva.
Según detallaron, la red operaba a través de la aplicación de citas Evermatch. Tras el contacto inicial, los extorsionadores enviaban un mensaje conocido como “el audio del terror”, en el que acusaban a la víctima de haber chateado con una menor de edad. Luego, un supuesto policía —con identidad usurpada de agentes reales de la Policía de la Ciudad— se comunicaba para exigir dinero a cambio de frenar una denuncia penal inexistente.
La investigación se reactivó a partir de una carta manuscrita que Gómez dejó antes de morir, donde relató el hostigamiento, las amenazas, las deudas acumuladas y la supuesta participación de “policías corruptos”. Ese escrito permitió reconstruir el entramado extorsivo y rastrear las cuentas bancarias utilizadas para recibir el dinero.
De acuerdo con la causa, detrás de la organización había al menos tres internos —de 21, 24 y 29 años— que coordinaban las estafas desde prisión, con la colaboración de terceros en libertad que prestaban cuentas bancarias para recibir las transferencias.
Tras los allanamientos realizados el 8 de febrero, se concretaron siete detenciones y el secuestro de teléfonos celulares utilizados como principal herramienta del delito. Las autoridades remarcaron que los imputados serán trasladados a unidades federales de alto riesgo.
“Hoy el Estado argentino puede decir con firmeza que este hecho no quedará impune”, sostuvo Arroyo Salgado, quien advirtió sobre la peligrosidad del uso ilegal de celulares en contextos de encierro. Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que la difusión del caso busca prevenir nuevas víctimas frente a una modalidad delictiva en expansión.
