Masin cuestionó el fallo contra el aborto en Chaco y asegura que es inconstitucional
Para Lucila Masin, diputada nacional por Chaco (FdT), «hay ilegalidad en el procedimiento» de la jueza Marta Beatriz Aucar de Trotti, quien hizo lugar a una medida cautelar para que no se instaure la regulación sobre el aborto en la provincia. «Todos y todas sabemos que las leyes nacionales están por encima de las leyes provinciales, inclusive de la Constitución provincial», señaló.
«El argumento utilizado en la medida cautelar es falaz y se está atentando contra el alcance de las instituciones de la Democracia. Es una ley de orden público que ha sido sancionada por el Congreso de la Nación; promulgada y reglamentada por el Estado nacional», dijo la legisladora y aseguró que «hay una inconstitucionalidad, una ilegalidad respecto al procedimiento de esta jueza provincial».
La determinación de la jueza Aucar, a cargo del Juzgado Civil y Comercial N° 19 de Resistencia, se desprendió de la cautelar solicitada por un grupo de seis personas que son representadas por el abogado Fernando Guirado y que entienden la nueva Ley como inconstitucional.
El fallo que tuvo lugar durante la vigencia de la feria judicial señala entre sus argumentos que la Ley 27.610 aprobada por mayoría en ambas Cámaras Legislativas «…restringe, menoscaba, violenta, limita y altera la existencia del derecho a la vida del niño por nacer, resulta necesaria una medida jurisdiccional que evite los hechos lesivos fatales antes que se produzcan, por ello exige el máximo esfuerzo jurisdiccional del cual debe ser proporcional al interés y al derecho colectivo involucrado».
Masin reiteró que la cautelar interpuesta por un grupo de ciudadanos “no puede impedir el ejercicio de un derecho garantizado en la ley 27610 para las mujeres y para las personas con capacidad de gestar”.
“El Estado tiene la responsabilidad de garantizar derechos y políticas públicas que resultaron de una discusión que nos ha costado tanto dar desde diferentes sectores y colectivos feministas. Hablamos de asegurar un derecho humano que no está sujeto a cualquier interpretación personal que dilate la efectiva implementación de una norma”, destacó.
