Ley de Glaciares: minería expone “mitos y realidades” en pleno debate
Mientras el Senado debate la adecuación de la Ley 26.639, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) difundió un documento en el que repasa lo que denomina “mitos y realidades” sobre la normativa que regula la protección de glaciares y del ambiente periglacial.
La sesión comenzó a las 11 con un texto que introduce modificaciones en los regímenes de presupuestos mínimos ambientales. Entre los cambios centrales, se diferencia el concepto de “áreas periglaciares” del de “geoformas periglaciales” y se establece que su incorporación al Inventario Nacional de Glaciares dependerá de estudios técnicos de la autoridad ambiental local que las reconozcan como reservas estratégicas.
La redacción también endurece los criterios para excluir un glaciar del inventario: ya no bastará demostrar que no cumple una función aislada, sino que deberá acreditarse que no reúne las funciones que justifican su protección ambiental.
Los puntos del informe
En su documento, la cámara minera sostiene que parte del debate público se basa en interpretaciones incompletas. Entre los ejes planteados figuran:
Definiciones técnicas: señala que ciertos conceptos actuales permiten lecturas divergentes y que mayor precisión aportaría claridad y previsibilidad en la aplicación de la norma.
Impacto económico y social: afirma que el alcance de la ley influye en el empleo y el desarrollo de regiones con proyectos productivos.
Competencias provinciales: remarca que las provincias tienen un rol central en la evaluación y fiscalización ambiental dentro del marco nacional de presupuestos mínimos.
Precisión y protección: argumenta que una delimitación basada en evidencia científica no implica menor resguardo, sino controles más sólidos.
El contexto político
El tratamiento legislativo se da en un escenario de negociaciones entre el oficialismo y bloques provinciales, especialmente de distritos con actividad minera. También se discuten mecanismos para resolver posibles conflictos interjurisdiccionales cuando decisiones ambientales puedan impactar en más de una provincia.
Desde el sector minero insisten en que la protección del agua no es incompatible con el desarrollo regional y que normas claras fortalecen tanto la preservación ambiental como la previsibilidad para la inversión.
El debate en curso aparece así como un momento clave para redefinir el equilibrio entre recursos hídricos, federalismo ambiental y crecimiento productivo en la Argentina.
