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Laurta: ‘Hice lo necesario para rescatar a mi hijo’

El imputado por el crimen de su expareja y su exsuegra volvió a hablar hoy con la prensa. Declarará en la Unidad Judicial de Homicidios de la ciudad.

Pablo Laurta, el doble femicida de Luna Giardina (26), su expareja, y de Mariel Zamudio (54), su exsuegra, dejó la cárcel de Gualeguaychú, en Entre Ríos, en medio de un gran operativo de seguridad, para ser trasladado a la ciudad de Córdoba, donde será indagado por el fiscal Gerardo Reyes.

“Las dos fallecidas tenían ambas denuncias por explotación infantil y por secuestro”, dijo al llegar a la prensa. “Yo hice lo necesario para rescatar a mi hijo. Ahora él ahora está seguro”, respondió, sin muestras de remordimiento ni arrepentimiento, a los cronistas que le preguntaron por qué había matado a tres personas. “Espero lo mejor para él”, cerró en relación a P., de 5 años.

El fundador de “Varones Unidos” permanecía alojado en el penal entrerriano debido a que también fue imputado por el homicidio criminis causa de Martín Sebastián Palacio, el chofer de aplicación al que contrató para que lo llevara, engañado, desde Concordia a Rafaela, en Santa Fe.

Laurta llegó a destino pasadas las 10 de la mañana de este lunes. En la Unidad Judicial de Homicidios (en el mismo edificio de la Jefatura de Policía) de Córdoba, esperaban el ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, el jefe de la Policía provincial, Leonardo Gutiérrez, y otras autoridades policiales.

Tras la audiencia, el uruguayo será llevado al Complejo Carcelario N° 2 de Cruz del Eje, donde quedará alojado.

La semana pasada, la Justicia entrerriana le dictó 120 días de prisión preventiva por el crimen del remisero. La medida fue ordenada por la jueza de Garantías, Gabriela Seró, haciendo lugar al pedido de la fiscal Daniela Montangie, a cargo de la causa.

Laurta ya se había presentado el miércoles en los tribunales de Concordia y se negó a declarar ante la fiscal por el homicidio del chofer. Antes de presentarse a la indagatoria en Entre Ríos, el imputado fue sometido a un examen mental obligatorio y otro médico inmediato, tal como prevé la ley para los acusados de delitos que tienen una pena mayor a 10 años.

 

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