Las Marías vs. Misiones: El conflicto por la «aduana paralela» que pone en jaque la inversión yerbatera
La empresa denunció que Misiones le retiene mensualmente $598 millones, cuando su obligación real es de solo $23 millones anuales. Corrientes intervino en la causa alegando que la política tributaria misionera anula sus planes de desarrollo y afecta el empleo local.
Lo que comenzó como un reclamo administrativo se transformó en un conflicto de gravedad institucional que hoy analiza la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La firma Las Marías, principal productora de yerba mate y té del país, presentó una demanda contra el Gobierno de Misiones por el régimen de anticipos de Ingresos Brutos (IIBB), un sistema al que el sector privado denomina «aduana paralela».
Los números del despropósito Según las certificaciones contables presentadas en el expediente, la desproporción es asombrosa:
Retención mensual promedio: $598 millones.
Obligación fiscal real (anual): $23 millones.
Desfasaje: La provincia percibe el 30.718% de la obligación definitiva.
En términos temporales, la empresa argumenta que Misiones ya cobró impuestos equivalentes a los próximos 307 años. Irónicamente, el estatuto de la firma tiene una duración de 99 años, lo que significa que el fisco misionero ya recaudó tributos por tres veces la vida útil de la compañía.
Corrientes entra en escena El conflicto escaló a nivel provincial cuando el Gobierno de Corrientes se presentó como «tercero» en la causa. La provincia correntina sostiene que este «ilegítimo régimen de recaudación» impidió que Las Marías cumpliera con un ambicioso programa de inversión y expansión yerbatera en suelo correntino, afectando la autonomía provincial, el empleo y la recaudación propia.
Camino a la Corte Tras un derrotero judicial que incluyó cautelares dictadas en Paso de los Libres y anuladas por el Superior Tribunal de Misiones, la Procuración General de la Nación dictaminó que la Corte Suprema debe intervenir de forma originaria. El máximo tribunal deberá definir ahora la constitucionalidad de estas resoluciones que, según la demanda, afectan no solo a una empresa, sino al sistema financiero y al desarrollo productivo de todo el Nordeste Argentino.
