Las defensas de Sena y Acuña pidieron anular el veredicto por falta de imparcialidad
Las defensas de César Sena y Marcela Acuña solicitaron la nulidad del veredicto dictado por el jurado popular, al sostener que la deliberación no se realizó en condiciones de imparcialidad. Durante la audiencia de cesura del 26 de noviembre de 2025, las abogadas Celeste Segovia y Celeste Ojeda denunciaron que el jurado estuvo expuesto a un clima de hostilidad social, presión política y fuerte mediatización que habría vulnerado garantías constitucionales.
Segovia, integrante de la defensa de César Sena, afirmó que el proceso estuvo atravesado por “vicios estructurales” y que la decisión del jurado “no fue libre, serena ni imparcial”. Detalló episodios que, según la defensa, incidieron en la neutralidad de los jurados: manifestaciones con megáfonos frente a la sala, convocatorias públicas de funcionarios, filtraciones de audios y videos, cobertura periodística permanente sobre los imputados y presuntos ingresos de autoridades al recinto. La abogada argumentó que la “contaminación ambiental” prohibida por la ley de jurados generó un temor fundado de parcialidad, citando jurisprudencia nacional e internacional —incluidos fallos de la Corte Suprema estadounidense— donde se anularon veredictos por influencias externas.
Por su parte, Ojeda, defensora de Marcela Acuña, adhirió al planteo y sumó episodios que, según sostuvo, profundizaron la estigmatización de su representada. Mencionó la circulación de un audio “no auténtico” atribuido a Acuña y notas periodísticas sobre hechos anteriores que habrían sido presentados como recientes para reforzar una imagen negativa. También cuestionó la difusión de entrevistas posteriores al veredicto y el uso reiterado en los medios del término “clan”, al considerar que vulneró la presunción de inocencia.
Ambas abogadas insistieron en que la narrativa pública condicionó la deliberación y que el sistema de jurados requiere proteger a sus integrantes de presiones externas. Señalaron que resulta irreal esperar que un ciudadano común mantenga total neutralidad frente a la exposición en redes y medios. Solicitaron, además, incorporar como prueba todas las publicaciones, audios filtrados y manifestaciones políticas vinculadas al caso, y anticiparon que, en caso de rechazo, dejarán planteada la reserva de casación.
