Lanzan campaña para legalizar y regular el vapeo en Argentina
La organización World Vapers’ Alliance (WVA) lanzó la campaña Vapeo Responsable, que ya cuenta con más de 15.000 firmas de ciudadanos argentinos que exigen al Estado terminar con la prohibición de los productos de vapeo e implementar una regulación moderna y efectiva.
Desde 2011, la venta, importación y publicidad de estos dispositivos está prohibida por disposición de la ANMAT. No obstante, millones de personas los consumen a través del mercado informal, sin control de edad, calidad ni seguridad sanitaria. Esta situación ha generado un vacío legal que expone especialmente a menores de edad y deja sin alternativas legales a fumadores adultos que buscan opciones menos dañinas.
“La gente se cansó de políticas que no funcionan. Las prohibiciones alimentan el mercado negro, no lo frenan”, aseguró Alberto Gómez Hernández, Policy Manager de la WVA.
La campaña propone una ley que regule la venta exclusiva a mayores de edad en tiendas autorizadas, establezca estándares de calidad y trazabilidad para los productos, y contemple sanciones para quienes incumplan las normas. Además, busca que el Estado difunda información clara sobre los riesgos relativos del vapeo en comparación con el cigarrillo tradicional.
El modelo que se impulsa está basado en experiencias exitosas de países como Reino Unido, Suecia y Nueva Zelanda, donde el vapeo ha sido integrado a las políticas de salud pública con resultados positivos en la reducción del tabaquismo.
El reclamo ciudadano se presenta en un momento clave: a semanas de las elecciones legislativas, la campaña busca llamar la atención del Congreso entrante sobre la necesidad de una normativa que reemplace la prohibición actual por un sistema legal efectivo y seguro.
La WVA adelantó que presentará las más de 15.000 firmas durante la primera semana de noviembre en el Congreso Nacional, como parte de una ronda de reuniones con legisladores de distintos bloques políticos. El objetivo: abrir el debate sobre una ley que proteja a los menores, ofrezca alternativas seguras a los fumadores y permita al Estado ejercer un control real sobre el mercado.
