La UNNE actualizó su protocolo contra la violencia de género e incorporó medidas frente a la violencia digital
La Universidad Nacional del Nordeste oficializó la actualización de su Protocolo de Intervención Institucional para prevenir y abordar situaciones de discriminación y violencia de género dentro de la comunidad universitaria. La nueva normativa incorpora herramientas legales recientes y refuerza los mecanismos de actuación ante estos casos.
El anuncio fue realizado durante la primera sesión ordinaria de 2026 del Consejo Superior por la directora de Políticas de Género y Diversidad Sexual, Erika Sánchez. La modificación busca adaptar la reglamentación interna a los cambios del marco jurídico argentino desde la creación del protocolo original en 2018.
Entre los principales cambios se destaca la incorporación de medidas para abordar la violencia digital, en línea con la Ley Olimpia, que amplía la protección frente a agresiones cometidas mediante tecnologías de la información y la comunicación.
Además, la normativa formaliza la aplicación de la Ley Micaela dentro de la universidad, estableciendo la capacitación obligatoria en perspectiva de género para el personal de la institución.
Otra de las novedades es la implementación de un Informe de Evaluación de Riesgo, que deberá elaborarse en un plazo máximo de 48 horas cuando la situación lo requiera, con el objetivo de adoptar medidas de protección oportunas.
El protocolo actualizado ratifica principios como la autonomía de la persona afectada, la confidencialidad, la celeridad en las intervenciones y la no revictimización. También establece la prohibición de instancias de mediación en casos de violencia de género y exige que las actuaciones se desarrollen con perspectiva de interseccionalidad e interculturalidad.
La Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual continuará como autoridad de aplicación del protocolo, trabajando junto a referentes de género en cada unidad académica. El equipo interdisciplinario será responsable de la recepción de denuncias, el acompañamiento a las personas afectadas, la evaluación de riesgo y la recomendación de medidas de protección.
La actualización forma parte de una política institucional impulsada por la gestión del rector Omar Larroza, que busca fortalecer las acciones de prevención, sensibilización y formación para garantizar espacios académicos y laborales libres de discriminación y violencia.
