La UIF buscará datos clave en EE.UU. por la causa AFA
El titular de la Unidad de Información Financiera, Paul Starc, viajará a los Estados Unidos a comienzos de 2026 para intercambiar información con el organismo que investiga los delitos financieros en ese país, en el marco de las causas que involucran a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
El funcionario tiene previsto reunirse en Washington con autoridades del FinCEN, dependiente del Tesoro estadounidense, con el objetivo de acceder a información sobre sociedades y operaciones financieras que estarían bajo la lupa de la Justicia argentina y norteamericana. La UIF y el FinCEN mantienen un convenio de cooperación que habilita el intercambio de datos de inteligencia financiera vinculados a presuntos delitos como el lavado de dinero.
Las investigaciones en curso apuntan a un presunto circuito de desvío de fondos de la AFA mediante empresas radicadas en distintas jurisdicciones de Estados Unidos, entre ellas Florida, Georgia y Delaware. Una de las firmas centrales es Tourprodenter LLC, creada en 2021 y con un contrato de exclusividad para organizar partidos amistosos de la Selección Argentina y acuerdos internacionales.
Según las sospechas judiciales, a través de esa y otras sociedades se habrían canalizado ingresos millonarios en dólares, tanto por encuentros disputados tras el Mundial de Qatar como por sponsoreo y contratos comerciales. En este contexto, el empresario Javier Faroni fue allanado y se le impuso una prohibición de salida del país.
De acuerdo a las actuaciones preliminares, existirían al menos cinco entidades jurídicas interconectadas, vinculadas a dirigentes de la AFA y con cuentas en bancos estadounidenses. El viaje de Starc busca avanzar en la identificación de los beneficiarios finales de esas estructuras societarias, un punto clave en las investigaciones por lavado de dinero.
El intercambio de información internacional se da en el marco del Grupo Egmont, que nuclea a las unidades de inteligencia financiera del mundo, y podría derivar en la intervención del Departamento de Justicia de Estados Unidos si se comprueban violaciones a su legislación.
