La UCR quiere que la FIA esté en manos de la oposición
Legisladores radicales, mediante el proyecto de Ley Nº 214/2020, solicitan la modificación de titulares de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, a través de la modificatoria de los artículos 3º, 10º Y 11º de la Ley 616-A (antes Ley 3468).
“No pretendemos ingresar en una discusión que aún está abierta en la justicia en cuanto a sus resultados, pero sí consideramos necesario analizar las causas y los factores que hubieran permitido generar cualquier hecho ilícito en contra de la Administración Pública y de los ciudadanos de nuestra provincia”, indicaron.
“Claro ejemplo es que, después de 18 meses, recién se va investigar la responsabilidad de funcionarios por la desaparición de más de 200.000 kilos de leche robada, de la misma administración provincial, lo cual es un papelón”, señalaron desde el Bloque.
Por su parte, el diputado provincial, Livio Gutiérrez, mencionó que, “a partir de relevamientos de casos sobre posibles irregularidades en la Administración Pública Provincial, hemos detectado como factores recurrentes algunos aspectos deficientes en el funcionamiento de los sistemas de contratación pública, en el funcionamiento de los organismos de control, deficiencias en el cumplimiento de las normas, donde en algunos casos se observa un cumplimiento solamente en las formas pero no en la verdadera funcionabilidad de la ley. En otros casos, directamente existe incumplimiento del estado provincial o municipal o falta de reglamentación, entre otros factores”, detalló.
“Esta propuesta de que la FIA sea dirigida por la oposición, la hemos visto en los debates públicos previos a las elecciones, de hecho una de las voces que se escucharon en este sentido fue la del ex ministro de economía del actual gobernador y ex presidente de esta Cámara en la gestión de Capitanich, Eduardo Aguilar, que firmemente planteó en su plataforma que los organismos de control deben estar en manos de la oposición”, sostuvo.
En esta línea, la fórmula que proponen para su designación es la contenida en el artículo 85 de la Constitución Nacional para la elección del titular de la Auditoria General de la Nación, el cual establece que “será designado a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso”.
“Tenemos una responsabilidad institucional frente a todo lo que hemos visto respecto a procedimientos y cuestionamientos de gestiones anteriores, y si bien no podemos evitar, como tampoco sería saludable hacerlo, que la integridad de la democracia y de la Administración Pública Provincial se debata en la opinión pública o en nuevos escenarios digitales, lo que si podemos hacer luego de observar, escuchar y analizar, es obrar en consecuencia para mejorar el sistema de control administrativo”, concluyó Gutiérrez.
