La ONU evaluará las políticas de salud mental en Argentina en el marco de la Convención contra la Tortura
El Comité contra la Tortura (CAT) de la ONU someterá a examen al país en su 83ª reunión, con foco en las políticas públicas de salud mental.
El foco internacional se posa esta semana sobre la situación de la salud mental en Argentina, en el marco de la 83ª reunión del Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CAT), que se lleva adelante en Ginebra, Suiza, del 11 al 28 de noviembre.
Los días 12 y 13 de noviembre, el Estado argentino será interrogado por el Comité acerca de sus políticas, prácticas y condiciones en materia de salud mental, especialmente en lo relativo al trato y las condiciones de internación de personas con padecimientos psíquicos.
Desde el Colectivo Argentino de Salud Mental informaron que han presentado ante la ONU un informe detallado junto con un resumen de los principales puntos de preocupación, con el objetivo de visibilizar la situación que atraviesa el sistema de atención en el país. La organización espera que la intervención del organismo internacional apoye el pedido de Declaración de Emergencia en Salud Mental que diversas entidades vienen impulsando en el ámbito nacional.
“Esperamos que esta intervención de la ONU sirva como un espaldarazo clave para avanzar en políticas urgentes que garanticen derechos y mejoren las condiciones de vida de quienes atraviesan sufrimientos psíquicos”, señalaron desde el Colectivo.
Un examen internacional clave
El Comité contra la Tortura (CAT) está conformado por expertos independientes que supervisan el cumplimiento de la Convención contra la Tortura por parte de los Estados que la han ratificado. Entre sus atribuciones se encuentran la revisión periódica de los informes nacionales, la recepción de denuncias individuales y la investigación de situaciones que puedan implicar tortura o malos tratos.
En lo que respecta a la salud mental, el Comité analiza si las condiciones de internación, los tratamientos y las prácticas en hospitales psiquiátricos y centros de detención cumplen con los estándares internacionales de derechos humanos. En este sentido, las organizaciones de la sociedad civil suelen denunciar vulneraciones a los derechos de las personas internadas, malas condiciones edilicias, falta de controles judiciales efectivos y el incumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental (26.657), que promueve la desmanicomialización y el abordaje comunitario.
La evaluación de la ONU se da en un contexto en el que profesionales y organizaciones advierten sobre una crisis del sistema de salud mental argentino, marcada por la falta de recursos, la escasez de dispositivos comunitarios y el incremento sostenido de la demanda.
El informe del Colectivo Argentino de Salud Mental, junto a otros documentos presentados por entidades de derechos humanos, será una de las fuentes de información clave que el Comité tendrá en cuenta durante el interrogatorio al Estado argentino esta semana.
