La ministra de Mujeres bonaerense admitió que conocía denuncias previas por abusos en el Senado
La ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, reconoció que conocía desde antes de asumir en 2019 las acusaciones que pesaban sobre dos militantes kirchneristas investigados por abusos sexuales, incluso ocurridos dentro del Senado bonaerense, aunque sostuvo que en ese momento se trataba solo de “rumores”.
La admisión se da en el marco del avance judicial contra Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, referentes del Movimiento Ciudadano La Capitana, denunciados desde 2014 por múltiples víctimas. Las causas, que durante años no registraron avances significativos, fueron reactivadas en 2024 y ampliadas a mediados de 2025 tras la aparición de nuevas denuncias.
Según explicó la funcionaria, la falta de acción previa se debió a la inexistencia de procesos judiciales activos, y recordó que los abusos sexuales entre adultos son delitos de instancia privada. “Es muy delicado decidir qué actuación se toma cuando hay rumores y no hay causas que avancen”, afirmó.
La intervención formal del Ministerio de Mujeres se produjo recién en octubre de 2024, luego del pedido de ayuda de una empleada del Senado. La denunciante fue orientada a realizar la presentación judicial para acceder a medidas de protección. Finalmente, la denuncia penal se concretó en 2025.
Desde diciembre de 2024, los acusados tenían una orden de restricción, aunque continuaron participando en actos públicos donde coincidieron con víctimas, en aparente violación de las medidas judiciales. Tras ser detenidos, fueron apartados de sus cargos legislativos.
La investigación también puso bajo la lupa a Melina Gaudino, conocida como la “falsa abogada”, acusada de haber simulado representar legalmente a las víctimas, lo que habría contribuido a frenar las denuncias. Gaudino ocupó distintos cargos en organismos provinciales y municipales, pese a no contar con título habilitante, y fue desvinculada del Estado en varias oportunidades.
Esta semana, la fiscal Betina Lacki solicitó la unificación de todas las causas vinculadas a la cúpula de La Capitana. La definición quedará en manos de la Justicia de Garantías de La Plata, mientras continúan las investigaciones para determinar posibles responsabilidades y encubrimientos.
