La litigiosidad laboral sigue en alza y preocupa al sector ART
La cantidad de juicios vinculados al sistema de riesgos del trabajo continúa creciendo en la Argentina y todo indica que 2026 podría cerrar con un nuevo récord histórico. Según datos difundidos por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), durante el primer cuatrimestre del año ingresaron 39.687 nuevas demandas judiciales contra las ART, una cifra que supera en un 2,3% al mismo período de 2025.
Solo en abril se registraron 12.727 nuevos juicios, consolidando una tendencia que el sector observa con preocupación desde hace varios años. De mantenerse el ritmo actual, las proyecciones indican que el año finalizaría con alrededor de 138.600 demandas, superando así el máximo histórico de 134.000 causas alcanzado durante 2025.
Desde la UART sostienen que la litigiosidad crece incluso en un contexto donde los accidentes laborales vienen disminuyendo de manera sostenida. De acuerdo a los registros del sistema, desde 2017 los accidentes de trabajo bajaron un 55%, mientras que las muertes vinculadas a la actividad laboral se redujeron un 80%. Sin embargo, el volumen de causas judiciales avanzó en sentido contrario y aumentó cerca de un 200% desde 2020.
La situación presenta además fuertes diferencias entre provincias. Durante 2025, el 73% de los juicios se concentró en Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santa Fe. En este inicio de 2026, CABA mostró un incremento interanual del 9%, mientras que Santa Fe acumuló más de 6.500 nuevos expedientes, casi un 20% más que el año pasado. Entre Ríos y Chubut también aparecen entre las jurisdicciones con mayor crecimiento.
En contraste, provincias como Mendoza y Córdoba comenzaron a mostrar una baja en la litigiosidad luego de implementar medidas específicas para ordenar el sistema judicial laboral y limitar las diferencias en las pericias médicas.
Uno de los principales cuestionamientos de las aseguradoras apunta al funcionamiento de las pericias judiciales. Desde la entidad aseguran que muchas demandas se sostienen en porcentajes de incapacidad determinados por peritos externos, alejados de los criterios establecidos por las comisiones médicas oficiales. Según explicó la presidenta de la UART, Mara Bettiol, “mientras exista una diferencia entre lo que establece el perito judicial y lo que determina la comisión médica, seguirá existiendo un incentivo para litigar”.
El impacto económico también es motivo de debate dentro del sector. Un informe de la UART indicó que cerca del 45% del dinero abonado por las ART en juicios termina destinado a honorarios de abogados, peritos y gastos judiciales, sin llegar directamente al trabajador demandante.
En marzo de este año se aprobó la Ley de Modernización Laboral, una norma que buscó introducir cambios para reducir la litigiosidad. Entre otras modificaciones, la ley cambió el esquema de honorarios periciales y estableció que los jueces laborales deben ajustarse a la jurisprudencia de la Corte Suprema. Además, impulsó reformas vinculadas a los Cuerpos Médicos Forenses y al traspaso del fuero laboral nacional a la órbita porteña.
No obstante, las estadísticas reflejan que esas reformas todavía no lograron frenar el ingreso de nuevas causas. Desde el sector aseguran que muchas veces, ante la inminencia de cambios regulatorios, se acelera la presentación de demandas antes de la entrada en vigencia de las nuevas reglas.
Mientras tanto, distintas provincias avanzan con iniciativas propias para intentar contener el fenómeno y reducir la presión sobre el sistema laboral y judicial argentino.
