La Justicia federal rechazó un hábeas corpus contra el DNU que amplía las facultades de la SIDE
El juez federal de Paraná, Daniel Alonso, rechazó una presentación de hábeas corpus preventivo contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, mediante el cual el presidente Javier Milei amplió las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
El planteo había sido impulsado por los abogados Rubén Alberto Pagliotto, Raymundo Arturo Kisser y Armando Rafael Aquino Britos, quienes cuestionaron la constitucionalidad del decreto firmado el 31 de diciembre de 2025. La acción buscaba frenar de manera urgente la aplicación de la norma, que introduce cambios profundos en el sistema de inteligencia argentino.
En su resolución, Alonso sostuvo que no se acreditó una amenaza concreta o actual a la libertad ambulatoria que habilite la vía del hábeas corpus preventivo. “No se infiere ni siquiera de manera indiciaria la existencia de una limitación o amenaza actual de la libertad”, señaló el magistrado, y agregó que del escrito presentado “no se advierte la existencia de los supuestos de procedencia” de este tipo de recurso.
Pese al rechazo, los impulsores de la acción adelantaron que apelarán la decisión. En declaraciones periodísticas, argumentaron que el DNU representa un “peligro concreto, real y potencial”, ya que habilita la detención de personas por parte de agentes de inteligencia sin orden judicial, lo que consideran “inconstitucional y contrario a los tratados internacionales”.
El DNU 941/2025 es objeto de múltiples cuestionamientos judiciales y políticos. Entre los puntos más controvertidos, habilita a la SIDE a aprehender personas en casos de flagrancia durante tareas de inteligencia, aun sin intervención judicial previa, y consolida a ese organismo como autoridad rectora del sistema de inteligencia nacional.
Además, el decreto establece el carácter encubierto de todas las operaciones de inteligencia, amplía la capacidad de la SIDE para requerir información a otros organismos del Estado y centraliza funciones bajo conducción política directa, lo que generó críticas de la oposición por el impacto en las garantías constitucionales y los mecanismos de control democrático.
Durante la feria judicial de enero, el planteo rechazado fue uno de los primeros en llegar a tratamiento, aunque otras acciones de amparo contra el DNU continúan en trámite en distintos juzgados del país.
