La Justicia anuló el protocolo antipiquetes del Gobierno
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 declaró la nulidad del protocolo antipiquetes, la metodología impulsada por el Ministerio de Seguridad para intervenir en manifestaciones y cortes de calle. La decisión fue adoptada por el juez Martín Cormick, quien ordenó al Ejecutivo dejar de aplicar la resolución cuestionada.
El fallo hizo lugar a un amparo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y sostuvo que el Ministerio de Seguridad se atribuyó facultades que corresponden al Congreso. Según el magistrado, la resolución avanzó sobre materias penal y procesal, afectando la división de poderes y derechos constitucionales.
Cormick consideró que la norma permitía restringir el derecho a la protesta sin respaldo legal suficiente y cuestionó la presunción automática de delito flagrante ante los cortes de calle. En ese sentido, remarcó que la calificación de una conducta como ilícita y el uso de la fuerza pública son decisiones que deben quedar en manos del Poder Judicial.
Otro punto central del fallo fue la crítica a las tareas de inteligencia sobre manifestantes, como la identificación, filmación y recolección de datos personales durante marchas pacíficas. El juez advirtió que estas prácticas contradicen la Ley de Inteligencia Nacional y constituyen una intromisión arbitraria en la privacidad.
Además, la sentencia señaló falencias en la protección de grupos vulnerables, al no contemplar pautas específicas para niños, adultos mayores o personas con discapacidad. Finalmente, la Justicia ordenó al Ministerio adecuar su accionar al Código Procesal Penal vigente. El fallo puede ser apelado.
