La Justicia aceptó a ARCA como querellante en la causa contra la AFA por $19.300 millones
La ofensiva judicial contra la conducción del fútbol argentino sumó un capítulo determinante. El juez en lo Penal Económico Diego Amarante resolvió aceptar a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) como parte querellante en la causa que investiga a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la presunta apropiación indebida de fondos públicos por un monto superior a los 19.300 millones de pesos.
La resolución, adoptada el viernes pasado en el marco de la feria judicial de enero, permite que los abogados del organismo recaudador —ex AFIP— accedan de manera plena al expediente, soliciten medidas de prueba, impulsen la acusación y apelen resoluciones. De este modo, ARCA se convierte en un acusador privado directo contra la administración encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia.
La causa se originó el 12 de diciembre, cuando ARCA presentó una denuncia en la que alertó que la AFA habría retenido impuestos y aportes a los clubes sin girarlos al Estado. A partir de esa presentación, el fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial solicitó la apertura formal de la investigación e imputó a la cúpula de la AFA por el delito de evasión agravada.
Ante la gravedad de los hechos y el riesgo de que se perdieran pruebas clave, el juez Amarante decidió habilitar la feria judicial, una medida excepcional que permitió avanzar con la investigación durante el receso de verano. Gracias a esta decisión, se liberaron oficios y se dictaron resoluciones que, de otro modo, hubieran quedado postergadas hasta febrero, entre ellas la aceptación de ARCA como querellante.
Según consta en el escrito presentado por los abogados del organismo, Vanina Mariel Vidal y Matías Alejo Gentile Brezigar, el perjuicio fiscal total asciende a $19.353.546.843,85. Las irregularidades detectadas comprenden un período que va desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025 e involucran el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a las Ganancias y contribuciones a la Seguridad Social.
El detalle de la deuda es contundente: solo en concepto de retenciones de Ganancias no ingresadas, el monto supera los 8.000 millones de pesos, mientras que por aportes a la Seguridad Social —correspondientes a descuentos realizados a empleados de los clubes— la cifra asciende a más de 8.600 millones. Para ARCA, no se trata de una simple mora fiscal, sino de una maniobra deliberada de apropiación indebida de fondos que ya pertenecían al Estado al momento de ser retenidos.
En su presentación judicial, el organismo fue categórico al sostener que la AFA conocía su obligación legal, había practicado las retenciones y estaba en condiciones de depositarlas, pero optó por omitir el pago. En ese sentido, calificó los hechos como una “indebida apropiación de caudales públicos”.
Con el expediente en plena marcha, el fiscal Navas Rial ya imputó formalmente a Claudio Tapia. Además, el juez Amarante ordenó una serie de medidas de prueba para reconstruir la denominada “ruta del dinero”, entre ellas el envío de oficios al Banco Central y a las entidades bancarias que operan con la AFA. El objetivo es determinar si los fondos retenidos fueron utilizados para obtener rendimientos financieros mientras se postergaba el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
La defensa de la AFA, a cargo del abogado Norberto Frontini, ya se presentó en la causa, aunque hasta el momento no solicitó medidas ni realizó descargos de fondo. Mientras tanto, la investigación avanza a ritmo acelerado y podría tener implicancias judiciales y políticas de alto impacto para la conducción del fútbol argentino.
