La Iglesia cuestionó la baja de imputabilidad y pidió un debate “serio y sin oportunismo electoral”
En la antesala del tratamiento legislativo del proyecto que modifica el régimen penal juvenil, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) difundió una dura carta abierta dirigida a diputados y senadores, en la que expresó su preocupación por el enfoque de la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional y reclamó un debate “serio, responsable y sin oportunismo electoral”.
“El delito existe y no es una opción no hacer nada. Pero creemos que es un error abordarlo desde propuestas simplificadoras que solo sirven para validar posiciones políticas ya tomadas”, señalaron los obispos en el documento, titulado “Bajar la edad no baja el delito. Más educación, más oportunidades, más esperanza”.
El texto fue elaborado por la Pastoral Social, la Pastoral Carcelaria y Cáritas Argentina, y difundido este lunes, a pocos días del debate del proyecto oficialista en la Cámara de Diputados. A lo largo de seis páginas, la Iglesia remarcó que su posicionamiento surge de la experiencia territorial de referentes y profesionales que trabajan cotidianamente con adolescentes y jóvenes en contextos de vulnerabilidad, en parroquias, escuelas, centros barriales y Hogares de Cristo.
Desde la CEA advirtieron que observan “con preocupación el intento de imponer una respuesta apresurada, sin sustento técnico, sin diálogo genuino y sin condiciones institucionales reales para su implementación”, y lamentaron que el debate se esté dando “en un clima político donde predomina el uso del dolor social con fines de impacto mediático”.
En relación con el fondo de la propuesta —que prevé bajar de 16 a 14 años la edad de imputabilidad— los obispos pusieron en duda su eficacia y citaron estadísticas que contradicen el argumento de un aumento del delito juvenil. “Los datos disponibles muestran que la participación de adolescentes de entre 12 y 17 años en procesos penales es muy baja: apenas el 0,42 %”, subrayaron.
Además, alertaron que la evidencia regional indica que reducir la edad de imputabilidad no disminuye la inseguridad, sino que puede aumentar los niveles de violencia y reincidencia. En ese marco, cuestionaron la viabilidad real del sistema que propone el proyecto y se preguntaron si el Estado está en condiciones de garantizar abordajes integrales que incluyan educación, salud, tratamiento psicológico, capacitación laboral y acompañamiento social.
“¿Es razonable creer que el Estado, provincial o nacional, podrá implementar un sistema penal juvenil integral cuando se observa una creciente desfinanciación de las políticas sociales?”, plantearon, y advirtieron que los efectos de esa falta de recursos recaen, precisamente, sobre los sectores más vulnerables.
Finalmente, la Iglesia llamó a construir una propuesta integral y sostenible, que no se base en el castigo como única respuesta, sino en políticas públicas que apunten a la prevención, la inclusión y la reducción de la violencia, en un contexto de amplio consenso democrático, más allá de coyunturas políticas o electorales.
