La defensa de los Sena resiste el traslado a cárceles federales y amenaza con recursos judiciales
Tras el pedido del Gobierno del Chaco para derivar a los condenados a la órbita nacional, el abogado Ricardo Osuna advirtió que presentará un hábeas corpus si se altera lo dispuesto en la sentencia de la jueza Dolly Fernández.
El cumplimiento de la condena a prisión perpetua de Emerenciano Sena, Marcela Acuña y César Sena ha abierto un nuevo foco de conflicto legal. La defensa técnica de los condenados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski rechazó formalmente la intención del Ejecutivo provincial de trasladarlos a unidades penales federales, asegurando que la medida carece de sustento jurídico según lo dictado en el fallo reciente.
La controversia se originó luego de que el Gobierno del Chaco formalizara un pedido de cupo ante el Servicio Penitenciario Federal (SPF), argumentando que los internos son de “alto perfil” y requieren condiciones de seguridad institucional acordes a la repercusión pública del caso.
Sin embargo, el abogado Ricardo Osuna sostuvo que el traslado violaría la sentencia de la jueza técnica Dolly Fernández, la cual estipula que las penas deben cumplirse dentro del Servicio Penitenciario Provincial. Según la defensa, cualquier modificación en el lugar de alojamiento requiere, de forma obligatoria, una autorización judicial previa.
“El fallo es claro y expreso: la pena se debe cumplir en cárceles provinciales. En ningún lado dice cárceles federales”, afirmó Osuna, quien anticipó la presentación de un hábeas corpus preventivo o correctivo si la medida avanza sin el aval de la magistrada.
Recurso de casación en trámite
Más allá de la disputa por el traslado, la defensa confirmó que se encuentra trabajando en un recurso de casación para impugnar el veredicto del jurado popular y la pena de prisión perpetua. El escrito, que superaría las cien páginas, será presentado ante el Superior Tribunal de Justicia con el objetivo de revertir la sentencia.
Entre los argumentos centrales de la impugnación, Osuna insiste en la supuesta inconstitucionalidad de la prisión perpetua, alegando que esta vulnera el principio de resocialización establecido en el sistema penal argentino, un planteo que ya fue desestimado previamente por la justicia de primera instancia.
Por el momento, los tres integrantes del clan Sena permanecen alojados en dependencias provinciales, a la espera de que la justicia resuelva si hace lugar al pedido del Gobierno o mantiene las condiciones de detención fijadas originalmente.
