La CGT presentó un amparo contra la reforma laboral para declararla ‘inconstitucional’
La CGT fue a la Justicia para frenar la reforma laboral de Milei. Denuncian que es inconstitucional y que recorta derechos históricos de los trabajadores.
La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó este viernes una medida de amparo ante la Justicia federal para frenar la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, horas después de que la normativa fuera publicada en el Boletín Oficial tras su reglamentación.
La presentación judicial fue firmada por el triunvirato que conduce la central obrera y quedó radicada en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, a cargo del juez Enrique Lavie Pico, quien ahora deberá resolver si hace lugar al planteo que busca suspender la entrada en vigencia de la ley.
Se trata del mismo magistrado que meses atrás había frenado el capítulo laboral del DNU 70/23, el decreto de desregulación económica que Milei firmó al inicio de su gestión.
La decisión de acudir a los tribunales se concretó luego de la advertencia pública que la CGT realizó el lunes pasado durante una movilización frente al Palacio de Tribunales, en Plaza Lavalle.
En esa protesta, dirigentes sindicales anticiparon que avanzarían con la judicialización de la norma, a la que calificaron como “inconstitucional” por considerar que vulnera derechos laborales garantizados por la Constitución. “Venimos a ejercer nuestro derecho a peticionar. Confiamos en un poder republicano como la Justicia, en su objetividad y en que va a cuidar el cumplimiento de la Constitución Nacional”, afirmó entonces Jorge Sola, uno de los cosecretarios generales de la central obrera.
Los puntos de la reforma laboral que cuestiona la CGT
El oficialismo logró aprobar la ley con el respaldo de gobernadores aliados y bloques como el PRO y la UCR. Entre los ejes centrales de la reforma se encuentra la creación de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) destinado a financiar las indemnizaciones por despido.
Sin embargo, la CGT advierte que la normativa introduce cambios profundos en el régimen laboral argentino. Según la central sindical, la reforma:
- recorta el pago de horas extras
- modifica el esquema de vacaciones
- restringe el derecho a huelga y a las asambleas de trabajadores
- habilita convenios colectivos por empresa
- permite que las indemnizaciones se paguen en cuotas
Además, sostienen que el nuevo sistema podría habilitar jornadas laborales de hasta 12 horas y reducir los ingresos de los trabajadores al eliminar o modificar la compensación por horas extraordinarias.
Los argumentos de inconstitucionalidad
En el amparo presentado ante la Justicia, la CGT sostiene que la reforma vulnera principios constitucionales fundamentales, especialmente los consagrados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Entre los derechos que consideran afectados mencionan:
- la protección contra el despido arbitrario
- el derecho de huelga
- la negociación colectiva
- la libertad sindical y la libre agremiación
- el acceso a la seguridad social
La central obrera también afirma que la norma viola el principio de progresividad o no regresión, que establece que el Estado no puede adoptar medidas que impliquen un retroceso en derechos laborales previamente conquistados.
Críticas a artículos específicos de la ley
El planteo judicial también apunta contra disposiciones puntuales del nuevo régimen laboral.
Uno de los cuestionamientos se dirige a la ampliación del listado de actividades consideradas “esenciales”, lo que podría limitar la posibilidad de realizar medidas de fuerza.
Asimismo, la CGT objetó artículos que restringen la realización de asambleas sindicales en los lugares de trabajo y aquellos que califican como “infracciones muy graves” los bloqueos a empresas durante protestas.
La central sindical también cuestionó la eliminación de sanciones para empleadores que incumplan obligaciones laborales o previsionales y el nuevo mecanismo que habilita el pago de indemnizaciones mediante el Fondo de Asistencia Laboral.
El rol de la Justicia en la disputa
El expediente ahora quedó en manos del juez Enrique Lavie Pico, quien deberá analizar el planteo sindical y determinar si corresponde suspender la aplicación de la reforma mientras se resuelve el fondo de la cuestión.
El proceso abre un nuevo capítulo en la disputa entre el Gobierno y el movimiento sindical por la transformación del régimen laboral, una de las principales apuestas del programa económico de la administración de Milei.
