La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Alberto Fernández en la causa de los seguros
La Cámara Federal porteña confirmó este martes el procesamiento del ex presidente Alberto Fernández en la causa que investiga presuntas maniobras irregulares en contrataciones de seguros durante su gestión. La resolución, dictada por la Sala II, también ratificó los procesamientos del broker Héctor Martínez Sosa —amigo del ex mandatario— y de su esposa y ex secretaria presidencial María Cantero, además de otros exfuncionarios y directivos de Nación Seguros.
Según el Tribunal, Fernández habría tenido una “participación directa” en un esquema de direccionamiento de pólizas contratadas por distintos organismos del Estado entre 2019 y 2023. Para los jueces Martín Irurzun y Roberto Boico —con la disidencia parcial de Eduardo Farah—, existió un mecanismo de “recaudación y distribución de fondos públicos” a través de intermediarios favorecidos.
El rol del ex presidente
La Cámara consideró acreditado que Alberto Fernández utilizó su cargo para influir en decisiones administrativas con el fin de beneficiar a Martínez Sosa. Como ejemplo, citó un mensaje del 24 de mayo de 2023, en el que Cantero le advirtió sobre la designación de otro broker en Cancillería. “Ya me ocupo”, respondió el entonces Presidente. Días después, la designación fue revertida, lo que para los jueces evidencia su injerencia directa.
El fallo destaca que, durante el mandato de Fernández, Martínez Sosa llegó a percibir el 59,6% de las comisiones pagadas por Nación Seguros a todos los intermediarios por pólizas vinculadas al Estado. La Cámara también subraya el vínculo personal y comercial entre ambos, que incluía préstamos, regalos y una relación de amistad.
Otros acusados y medidas judiciales
Además del ex mandatario y su círculo cercano, la Cámara confirmó los procesamientos del ex presidente de Nación Seguros Alberto Pagliano y de Gustavo Argibay, Carlos Soria, Fernando Arana y Mauro Tanos. En cinco casos, también se sumó el delito de cohecho y se ordenó recalcular los embargos.
En paralelo, se revocaron procesamientos para ocho imputados y para dos cooperativas involucradas.
La causa investiga el Decreto 823/2021, que obligó a organismos del Estado a contratar exclusivamente con Nación Seguros, lo que —según la Justicia— permitió concentrar el negocio en manos de intermediarios señalados como beneficiarios del presunto esquema de favoritismo.
