Justicia por Gabriela: el reclamo de una familia ante una condena que no se hace efectiva
A pesar de las pruebas que demostraron la culpabilidad de Daniel Alberto González en la muerte de Gabriela Adriana Villordo, el condenado permanece en su casa de Santa Fe sin tobillera electrónica ni controles estrictos.
El pasado 19 de febrero de 2026 se llevó a cabo una nueva audiencia en el marco de la causa por la muerte de Gabriela Adriana Villordo, un caso que sigue generando indignación por la falta de cumplimiento efectivo de la pena. A pesar de existir una condena, Daniel Alberto González continúa gozando de prisión domiciliaria, una situación que la familia de la víctima califica como «incierta y poco confiable».
Un control inexistente
La principal preocupación de la querella radica en la modalidad de detención. González reside actualmente en la provincia de Santa Fe, lo que dificulta la fiscalización de su arresto. Según denunció la familia:
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- Sin monitoreo: El condenado no cuenta con tobillera electrónica.
- Falta de jurisdicción: Al encontrarse en otra provincia, no hay garantías reales de que esté cumpliendo con las restricciones impuestas por la justicia chaqueña.
»Lo único que nos queda como familia es aceptar algo incierto, algo que no se ve ni se puede demostrar, mientras el condenado sigue sin cumplir la pena en un establecimiento penitenciario como debería ser», manifestaron allegados Gabriela.
Pruebas contundentes frente a intentos de absolución
Durante el debate oral, la responsabilidad de González quedó acreditada mediante peritajes de Criminalística, filmaciones y testimonios clave. Las pruebas confirmaron que el condenado, al mando de un camión, cruzó el semáforo en rojo con total negligencia, provocando el impacto fatal.
Pese a la claridad de los hechos, la defensa presentó un recurso de casación solicitando la absolución, una medida que la familia considera «ilógica» y que solo busca dilatar los tiempos procesales.
El pedido de detención inmediata
Tanto el fiscal de la causa, el Dr. Sergio Cáceres Olivera, como el abogado querellante, el Dr. Carlos Acuña, mantienen firme el pedido de detención efectiva. Ambos profesionales, junto a la familia Villordo, exigen que se termine la etapa de beneficios y que el acusado sea trasladado a un establecimiento penitenciario.
Próximos pasos judiciales
La causa ha pasado ahora a la órbita del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco. En esta instancia, se aguarda la designación de los jueces que deberán resolver el recurso presentado y decidir si finalmente se hace lugar al pedido de justicia que la familia sostiene con firmeza desde el primer día.
«Seguimos firmes en nuestro pedido de justicia por Gabriela. Que cumpla la condena sin beneficios», concluyeron.
