Justicia Federal: vuelve a retrasarse la implementación del nuevo Código Procesal Penal
El Ministerio de Justicia de la Nación resolvió postergar nuevamente la implementación del sistema acusatorio en la Justicia Federal, cuya entrada en vigencia estaba prevista para el 10 de noviembre en los tribunales de Comodoro Py. La medida responde a un nuevo pedido del Ministerio Público Fiscal, que advirtió que aún no están dadas las condiciones operativas para aplicar el nuevo Código Procesal Penal Federal.
La resolución fue firmada por el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, en reemplazo del ministro Mariano Cúneo Libarona, actualmente de licencia. Con esta decisión, el Gobierno vuelve a retrasar un proceso de transformación judicial que busca otorgar un papel central a los fiscales en la investigación penal y reducir la intervención de los jueces en las etapas iniciales de las causas.
Desde el Ministerio Público Fiscal, distintas áreas vienen alertando desde hace meses sobre la falta de infraestructura adecuada, escasez de personal especializado y limitaciones en los sistemas informáticos que impedirían poner en marcha el nuevo modelo sin afectar el servicio de justicia. También reclaman mayor capacitación y una reorganización de las unidades fiscales para adaptarse al esquema acusatorio.
Fuentes oficiales indicaron que la nueva fecha tentativa para su puesta en marcha será en los primeros días de abril de 2026, aunque los detalles se confirmarán mediante una resolución que el Ministerio de Justicia publicará próximamente.
De este modo, la reforma procesal penal federal, aprobada en 2014 y aplicada de forma gradual en algunas jurisdicciones del país, vuelve a quedar en pausa en la Ciudad de Buenos Aires, donde debía consolidarse el cambio estructural más importante del sistema judicial argentino en décadas.
El objetivo del modelo acusatorio es acelerar los procesos penales, transparentar las investigaciones y mejorar la eficiencia del sistema mediante audiencias orales y públicas. Sin embargo, la falta de recursos y coordinación entre los distintos organismos judiciales sigue demorando su plena implementación.
