Juicio por YPF: la Justicia de EEUU ordenó a la petrolera entregar información para que los fondos puedan cobrar sentencia
La jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, rechazó este lunes una moción presentada por YPF y confirmó que la petrolera estatal deberá entregar información solicitada por los fondos demandantes en el caso por la expropiación de la empresa.
El fallo mantiene vigente la sentencia de primera instancia que condenó al Estado argentino a pagar US$16.100 millones a los fondos Burford Capital y Eton Park, que reclaman una indemnización por la nacionalización de YPF en 2012.
Aunque el caso fue apelado por la Argentina, en el sistema judicial estadounidense las sentencias no se suspenden automáticamente durante el proceso de apelación, por lo que los demandantes pueden avanzar con el procedimiento conocido como “discovery”, destinado a identificar bienes o activos embargables.
Preska ratificó que YPF no puede intervenir para frenar la ejecución y habilitó a los fondos a investigar si la empresa actúa como un “alter ego” del Estado argentino, lo que permitiría perseguir sus activos en el exterior bajo el precedente del caso Crystallex.
La jueza ordenó que la Argentina reúna y presente comunicaciones —correos, mensajes y chats— de altos funcionarios actuales y anteriores, incluidos Sergio Massa y Luis Caputo, antes del 30 de octubre. Según fuentes oficiales, el Gobierno manifestó su disposición a colaborar con la Justicia de EE.UU., aunque aclaró que solo intermediará para obtener el consentimiento de 35 funcionarios y exfuncionarios involucrados.
Mientras tanto, la apelación argentina contra la sentencia de Preska sigue su curso. En una audiencia reciente en Nueva York, el abogado Robert Giuffra, representante del país, calificó el caso como un intento de “convertir los tribunales de EE.UU. en un casino”. Su contraparte, Paul Clement, defensor de los fondos, sostuvo que la jueza “hizo un gran trabajo” y pidió mantener el fallo.
Si la Argentina logra revertir la decisión, podría anular o reducir la obligación de pago; de lo contrario, el país deberá afrontar una de las indemnizaciones más altas de su historia judicial internacional.
