Intercargo deja de ser estatal: el Gobierno avanza con otra privatización
El Gobierno nacional oficializó el inicio del proceso de privatización de INTERCARGO S.A.U., la empresa estatal responsable del servicio de rampas y traslados de equipajes en los principales aeropuertos del país. La medida fue dispuesta por el Ministerio de Economía, que conduce Luis Andrés Caputo, y marca un nuevo paso dentro del programa de desinversión estatal en empresas públicas.
Intercargo se convirtió en uno de los focos de conflicto entre el Gobierno y sectores gremiales a fines del año pasado. En noviembre de 2024, la compañía fue protagonista de una medida de fuerza sindical que paralizó las operaciones en Aeroparque y Ezeiza, dejando a miles de pasajeros varados por la cancelación de vuelos. Aquel episodio desencadenó un enfrentamiento con el Ejecutivo, que derivó en la desregulación del servicio de rampas, quitando a Intercargo el monopolio de esa función.
La decisión fue formalizada mediante la Resolución 1067/2025, firmada el 25 de julio y publicada este lunes en el Boletín Oficial. El documento ordena la venta del 100% del paquete accionario de Intercargo mediante una licitación pública nacional e internacional.
La medida se basa en lo dispuesto por la Ley 27.742, también conocida como Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que declara a Intercargo como “empresa sujeta a privatización”, en los términos de la Ley 23.696. También se apoya en los decretos 695/2024, 198/2025 y 416/2025, que establecen el marco normativo para la desinversión del Estado en empresas públicas.
Plazo de ocho meses para completar la privatización
El procedimiento estará bajo la órbita de la Secretaría de Transporte y la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, responsables de coordinar y supervisar la operación.
La resolución establece que el proceso deberá concluir en un plazo máximo de ocho meses desde su entrada en vigencia. Durante ese tiempo, la Unidad Ejecutora tendrá que llevar adelante todas las acciones necesarias para la venta, incluyendo la solicitud de una tasación del paquete accionario a una entidad bancaria del sector público nacional.
