Grave denuncia de violencia institucional: el OCI investiga un operativo policial contra menores en la peatonal
El Órgano de Control Institucional (OCI) inició actuaciones administrativas tras la denuncia de familiares de tres adolescentes de 12, 14 y 15 años. Acusan a los efectivos de privación ilegítima de la libertad, requisas vejatorias y tratos intimidatorios sin pruebas de delito.
El titular del Órgano de Control Institucional (OCI), Ricardo Urturi, confirmó el inicio de una información sumaria para determinar la responsabilidad administrativa del personal policial que intervino en un polémico procedimiento el pasado 10 de febrero. La investigación se activó luego de que los padres de las menores denunciaran un despliegue de violencia física y psicológica desproporcionado en pleno centro de la ciudad.
Según el relato de los familiares, tres adolescentes de entre 12 y 15 años paseaban por la peatonal Perón cuando, tras realizar compras en un local (debidamente abonadas por Mercado Pago), fueron abordadas por la espalda por efectivos que no se identificaron. Sin mediar palabra ni exhibir pruebas, las acusaron de sustraer un objeto que, según los denunciantes, «fue cambiando de versión»: primero un perfume, luego un labial y finalmente un lápiz.
La denuncia pública y judicial detalla escenas de extrema gravedad: las menores habrían sido zamarreadas, obligadas a tirarse al piso y requisadas frente a los transeúntes en la vía pública, sin que se hallara ningún objeto robado. Los padres aseguran que más de 12 efectivos y tres móviles rodearon a las niñas, quienes permanecían «aterradas»; y luego, en Sanidad Policial, denuncian que una profesional obligó a las adolescentes a levantarse las remeras y quedar semidesnudas sin presencia de sus tutores ni consentimiento informado. Ya en la Comisaría Segunda, denuncian que intentaron ingresarlas a celdas comunes con adultos que proferían insultos y agresiones sexuales hacia ellas, mientras el personal policial se «burlaba» del pedido de resguardo de los padres.
La investigación del OCI
Ricardo Urturi explicó que se han solicitado los registros de las cámaras de seguridad internas de la Comisaría Segunda, especialmente del sector de celdas, para verificar si las menores fueron conducidas a ese espacio, lo cual está estrictamente prohibido por la normativa vigente. «Los niños no pueden quedar detenidos en una unidad de orden público. Se debe activar el protocolo de la Línea 102 y entregarlos a sus padres de inmediato», dijo el funcionario en comunicación con Radio Libertad.
Además, el OCI pidió la intervención de la Fiscalía Especial en Derechos Humanos, a cargo del Dr. Luciano Santos, y solicitó las filmaciones del comercio denunciante. Según los padres, el oficial a cargo del operativo reconoció finalmente que en los videos del local «no se observaba ningún robo», pese a lo cual las niñas estuvieron privadas de su libertad por más de tres horas.
«Nuestros hijos no son enemigos»
El caso ha generado un fuerte repudio social y un debate sobre la criminalización de la juventud. En un descargo cargado de indignación, uno de los padres cuestionó: «¿Es aceptable que niñas de 12 años sean humilladas y sometidas a situaciones intimidatorias sin pruebas?». El comunicado familiar advierte que se vulneró el Interés Superior del Niño y la Ley 26.061, señalando que este tipo de prácticas policiales encuentran «justificación» en discursos políticos que promueven el endurecimiento del castigo hacia los menores.
La Justicia federal y administrativa deberá determinar ahora si los efectivos incurrieron en los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, privación ilegítima de la libertad y apremios ilegales.
