Grave amenaza a delegado gremial de UTICH en ECOM
Un hecho alarmante puso en vilo al ámbito sindical y político chaqueño: Diego Almirón, delegado gremial de UTICH en la empresa estatal ECOM, fue víctima de una intimidación mafiosa tras denunciar públicamente a directivos de esa compañía por una presunta estafa millonaria.
Según el propio Almirón, en las últimas horas encontró dos balas adheridas con cinta adhesiva al parabrisas de su automóvil, una clara señal de amenaza que generó fuerte repudio en diversos sectores. El hecho se da en medio de su denuncia contra el presidente de ECOM, Adrián Veleff, y el directorio de la empresa, a quienes acusa de haber perpetrado una presunta estafa de 180 millones de pesos contra la compañía estatal.
“Si esto no es una amenaza mafiosa, se le parece bastante”, expresó el gremialista, quien este jueves participó del programa radial Argentinos de Mal, donde amplió detalles de la denuncia que presentó contra Veleff. Asimismo, se refirió al episodio intimidatorio y pidió protección tanto para él como para su familia.
En declaraciones radiales, Almirón vinculó directamente la amenaza con su actividad sindical y con la exposición pública del caso, que ha comenzado a tener repercusión mediática. Además, compartió un video en el que se observa el estado del vehículo y los proyectiles colocados con cinta.
Desde distintos sectores gremiales, políticos y sociales, comenzaron a multiplicarse los mensajes de solidaridad y los reclamos de esclarecimiento inmediato. “Exigimos a la Policía del Chaco y al Ministerio de Seguridad que investiguen este acto de amedrentamiento con la seriedad que corresponde. Esto no puede quedar impune”, manifestaron desde UTICH.
El episodio eleva la tensión en torno a las denuncias contra la cúpula de ECOM, y revive el debate sobre el nivel de protección que deben recibir los denunciantes de corrupción en el ámbito público. Por el momento, no se conocen avances oficiales en la investigación, ni comunicados por parte del Gobierno provincial ni de ECOM.
La comunidad sindical y la opinión pública aguardan respuestas claras, en un contexto que, según muchos, “recuerda prácticas más propias de épocas oscuras que de un Estado de derecho”.
